Principios
1. - Cataluña es una
nación porque su ciudadanía así lo considera, muy
mayoritariamente. Aunque esta afirmación pueda resultar obvia por motivos
históricos, lingüísticos, culturales, sociales, políticos y económicos, la
negación de este presupuesto por parte del Estado español es la raíz del
desencaje de Cataluña con España.
Ni
siquiera la construcción del Estado de las autonomías, en 1977, permitió la
unión de naciones diferenciadas. La "indisoluble unidad de la Nación
Española" y la definición de España como "la patria común e
indivisible de todos los españoles" del artículo 2 de la vigente
Constitución española introducen en el texto dos conceptos-como señala el
historiador Borja de Riquer-esencialistas pero escasamente democráticos.
2. - La nación
catalana es sujeto de soberanía.
La
soberanía es un concepto dinámico, que tiene en cuenta diversos aspectos como
la identidad de un grupo humano, su historia, el territorio que ocupa, la
economía o la relación con los grupos vecinos.
El
concepto de soberanía está asociado a la existencia de ciudadanos libres que
forman parte de un grupo determinado. Esta es la base del proceso que vive
ahora mismo Cataluña, pero hoy por hoy no hay ninguna posibilidad de mantener
un diálogo racional, político o científico sobre esta cuestión capital con unos
interlocutores-los representantes del estado español- que sostienen que no hay
más identidad que la suya.
La
fuente legitimadora de la soberanía española (según la Constitución de 1978) es
el principio según el cual los ciudadanos de este Estado conforman una sola
nación. Esto impide la aceptación de la existencia de colectivos de ciudadanos
que puedan sentir otra identidad nacional. La unión inseparable y eterna del
individuo con "su" nación hace que la identidad nacional no sea una
adquisición voluntaria sino un destino inexorable.
El
político conservador Antonio Cánovas del Castillo, en 1881, ya proclamó que
"España es una obra de Dios, o de la naturaleza", en respuesta a las
tesis federalistas de Francisco Pi y Margall.
Antonio
Maura, en 1918, considera incomprensible y antinatural otra identidad que no
sea la española y afirma contundente "No se elige la madre, ni los
hermanos, ni la casa paterna, ni la patria en que se nace". Más tarde, el
falangista Raimundo Fernández Cuesta proclama en1939 que "la existencia de
la nación española está por encima de opiniones, argumentos, votaciones y
plebiscitos".
La
afirmación del general Juan Antonio Chicharro, en febrero de 2013, "la
Patria vale más que la democracia" sigue en esta línea metafísica que no
contrapone la unidad de España a la secesión (ambas opciones perfectamente
defendibles democráticamente) sino que proclama un principio indisoluble y
anula la posibilidad de discutirlo.
A
pesar de todo este imaginario, la identidad catalana se mantiene con claridad,
contraponiendo diariamente argumentos y vivencias a los principios
indemostrables que vienen a decir que "el pueblo es aquel que la
Constitución dice que es el pueblo". Esta identidad propia es la fuente
legitimadora de la soberanía del pueblo de Cataluña.
3. - Cataluña quiere
un estado propio para desarrollarse según su propio criterio, no para
oponerse a nada ni a nadie. El proceso actual no se hace contra nadie, aunque ciertamente
no es indoloro ni inocuo.
El
estado propio sólo es un instrumento -no es en ningún caso un objetivo en sí
mismo- para lograr el mayor progreso, bienestar y justicia social posibles, que
constituyen la finalidad de cualquier estado democrático de derecho. El
problema de Cataluña para desarrollarse es que no tiene -ni ha tenido en
trescientos años- un Estado amigo que la respete tal como es, procurando su
progreso y buscando lo que es mejor para ella, que hubiera sido también lo
mejor para el conjunto de ese Estado.
Por
ello inicia un proceso de emancipación nacional, irreversible, que sólo tendrá
pleno sentido si asegura su orientación social y radicalmente democrática, para
configurar un Estado que supere las limitaciones democráticas de los estados
del siglo XX.
Legitimidad histórica
4. - Cataluña ya ha
sido una nación independiente.
La
nación catalana nació en el año 988, cuando el conde de Barcelona Borrell II no
renovó el juramento de fidelidad al rey franco, deshaciendo el vasallaje y
ratificando así la independencia de los condados catalanes, que hacía años que
eran autónomos. El "Forum Iudicum", del siglo XII, contemporáneo de
las "Homilías de Organyà", es el primer tratado de leyes catalanas
que se conserva.
La
unión dinástica de Ramón Berenguer IV con Petronila de Aragón, en 1162,
conformó la Corona de Aragón, organizada como una federación de estados
medievales que respetaba las singularidades de cada territorio (Cortes,
Generalitat y Constituciones) y coordinaba la política exterior hasta el año
1479. Esto quiere decir que Cataluña fue un estado independiente durante 174
años y federado con la Corona de Aragón durante otros 317 años.
5. - Con los Reyes
Católicos no nació la nación española.
Aquellos
príncipes se casaron en secreto en 1469 y accedieron a los respectivos tronos
Isabel en 1474 y Fernando en 1479. Ambas coronas conservaron las leyes e
instituciones propias; los escudos estaban juntos pero no unidos.
Al
morir Isabel, en 1516, Fernando renuncia a Castilla en favor de su hija Juana
para evitar un conflicto armado. Esto supuso la unión de las dos coronas en una
sola persona, pero manteniendo diferenciadas las Cortes, instituciones
políticas, administración pública, lenguas y moneda.
La
identidad catalana se mantuvo y en 1640 estalla la Guerra de los Segadores, en
la que Pau Claris proclama la República independiente de Cataluña (1641), que
fue sofocada y anulada en pocos meses.
6. - España, en su
dimensión actual, fue el resultado del "derecho de conquista", no de
la voluntad de sus ciudadanos.
Un
mapa oficial de 1854 diferenciaba todavía entre la España "plenamente
constitucional", la España foral (País Vasco y Navarra), la España
"asimilada" (correspondiente a la antigua Corona de Aragón) y la
España colonial, después desaparecida.
La
"nación española 'que conocemos –de matriz totalmente castellana- nació
con Felipe V, en 1716, cuando se unifica la organización política después de
vencer en la Guerra de Sucesión. El rey, aludiendo al "derecho de
conquista", abolió los fueros y quitó a Cataluña el control económico,
fiscal, judicial, aduanero y monetario propios, así como su capacidad
legislativa.
¿Por
qué no se explican todos estos hechos comprobables en los libros escolares de
Historia de España? Quizás la "lección magistral" de Esperanza
Aguirre-cuando era presidenta de la Comunidad de Madrid- nos da una respuesta:
"España es una gran Nación con 3.000 años de historia (es decir, de cuando
el rey Salomón) y eso se todo lo que tienen que saber los niños ".
7. - Algunos datos
que conviene recordar
•
La bandera catalana de las cuatro barras es del año 1050. La bandera española
de tres franjas horizontales (dos rojas y una amarilla central) es de 1785.
•
Las cortes catalanas se reunieron por primera vez en 1192, las españolas en
1834.
•
El primer "presidente" catalán es de 1359, el primer presidente de
gobierno español es de 1823.
•
La primera Constitución catalana es de 1283. La primera Constitución española
(llamada "la Pepa") es de 1812.
Legitimidad
democrática
8. - La validez de
las leyes no les otorga automáticamente legitimidad.
Ninguna
Constitución reconoce el derecho a la independencia y más de 120 naciones se
han independizado los últimos 70 años. Por tanto, todos los nuevos estados de
Europa y muchos otros estados del mundo han violado la Constitución y las leyes
para ser un estado. En Sudáfrica, por ejemplo, pedir la igualdad de derechos
entre blancos y negros era inconstitucional ... durante muchos años!
Las
leyes no siempre se ajustan al bien común o a la realidad cambiante y por ello
se modifican. El sufragio universal, la igualdad racial, la prohibición de las
minas antipersona o los referéndums vinculantes nunca hubieran sido posibles
sin movimientos ciudadanos que consiguen cambios legislativos y mejoras
históricas.
En
último caso, la insumisión pacífica y no violenta a una ley considerada injusta
es un imperativo ético de carácter personal o colectivo que no se puede
despreciar.
9. - La legitimidad
democrática debe prevalecer sobre la legitimidad de las leyes.
Las
leyes no se pueden sacralizar, o al menos no se pueden sacralizar más que la
evolución de la voluntad de los pueblos.
Las
tensiones entre derechos, democracia y territorios -según el profesor Ferran
Requejo- forman parte del debate entre legalidad y democracia (Habermas,
Michelman) y de la protección de los derechos colectivos en democracias
plurinacionales (Taylor, Walzer). Las posibles soluciones a estas tensiones deben
ser pragmáticas y de carácter particular, no hay una norma universal.
En
una democracia del siglo XXI no resulta legítimo obligar a los ciudadanos de
una colectividad nacional a quedarse dentro de un estado en contra de la
voluntad de la mayoría.
El
conflicto entre Cataluña y España no es, pues, básicamente un problema jurídico
(no hay ninguna norma que permita una consulta popular vinculante ni el posible
tránsito a la independencia) sino un problema político. El estado español debe
decidir si él mismo es una Constitución o una democracia.
10. - El detonante
del conflicto actual Cataluña-España ha sido la quiebra del Estatuto de
Autonomía de 2006.
La
sentencia del Tribunal Constitucional del 28 de junio de 2010, declarando
inconstitucionales bastantes artículos del Estatuto de Autonomía de Cataluña
votado en referéndum y previamente "cepillado" en el Congreso,
dinamitó el estado de las autonomías y su credibilidad en Cataluña. Los
argumentos en que se fundamenta la sentencia le dan legalidad, pero no tienen
legitimidad para ordenar la convivencia en el interior de Cataluña y las
relaciones entre Cataluña y España, simplemente porque sus destinatarios no
quieren.
Si
la Constitución sólo admite el ejercicio del derecho de autonomía en los
términos fijados por la sentencia del Tribunal Constitucional, la ciudadanía de
Cataluña no puede considerar la Constitución como suya, y así lo ha dicho en
dos elecciones consecutivas, con un mensaje cada vez más rotundo. Jurídicamente
es un problema difícil de plantear, pero políticamente es un problema de
resolución imprescindible.
Legislación
internacional
11. - El Tribunal
Internacional de Justicia de La Haya, en sentencia del 22 de julio de
2010 dice que "No existe en derecho internacional ninguna norma que prohíba
las declaraciones democráticas de independencia. Y no existe ninguna norma que
prohíba a la ciudadanía, cuando exista contradicción entre la legalidad
constitucional y la voluntad democráticamente expresada, hacer prevalecer esta
segunda ".
En
una sentencia sobre Kosovo, el mismo Tribunal exponía que, en caso de que se
agotaran otras vías de entendimiento y los actores políticos legítimos
proclamaran de forma no violenta una declaración de independencia, no se podría
oponer ningún obstáculo legal internacional .
12. - El Tribunal
Supremo de Canadá, poco antes del referéndum soberanista de Quebec de
1995, dictó que la Constitución no puede constreñir la voluntad popular
libremente expresada, ya que "un voto mayoritario en Quebec sobre una
pregunta clara a favor de la secesión de la provincia conferiría una
legitimidad democrática a la iniciativa de secesión que todos los demás
participantes en la federación deberían reconocer ".
Canadá
y su orden constitucional no podrían ser indiferentes a una expresión clara de
una mayoría de los quebequenses. Igualmente, Quebec no podría pretender dictar
las condiciones de la secesión. Por tanto, la votación debería ir seguida de
negociaciones relativas al posible acto de secesión, así como de sus
condiciones, "acuerdos políticos sin conclusiones predeterminadas por las
leyes". Sigue diciendo el Tribunal que "si una de las dos partes se
negara a negociar de buena fe, no se excluye la posibilidad de una declaración
inconstitucional de secesión de facto". En este caso su éxito dependería
del reconocimiento de la comunidad internacional.
El derecho a decidir
13. - Cambiar la
Constitución española no es el primer paso para poder ejercer el derecho a
decidir. Sería
conveniente, pero no necesario.
En
España se argumenta que para poder hacer un referéndum sobre el futuro de
Cataluña primero habría que cambiar la Constitución, pero esto no es así por
dos motivos: porque se confunde el hecho de preguntar en sí mismo -el derecho a
decidir- con las posibles consecuencias de su resultado -la secesión- (si el
resultado es negativo no habría que hacer nada), y también porque no se pueden
esgrimir como impedimento unas normas que sólo una de las partes puede cambiar,
máxime si esa parte ya ha expresado que no está dispuesta a cambiar en ningún
caso .
Es
obvio que hay un choque de legitimidades en juego, pero así como en la
"Ley de la Reforma Política" de 1977 se transgredieron las normas de
juego franquistas sin decirlo claramente, ahora hay que encontrar una solución
para hacer prevalecer el principio más democrático, que es la consulta a la
ciudadanía que así lo ha pedido.
14. - La voluntad
ciudadana debe poder expresar democráticamente.
Más
allá de la trayectoria histórica que explica la existencia de una voluntad de
ser pueblo y nación, así como los lazos culturales y lingüísticos de una
comunidad con otros territorios, es la voluntad popular la que legitima en
último caso cualquier identidad nacional.
La
población de Cataluña ha expresado ya con claridad dos veces su voluntad mayoritaria,
desde la "ruptura" de la Transición con la sentencia del Tribunal
Constitucional de junio de 2010.
El
movimiento democrático que quiere construir un nuevo estado que resuelva -a
juicio de quien lo considera- la relación desigual entre Cataluña y España,
basada en la dominación y en la imposición, es absolutamente legítimo si esta
opción garantiza los derechos democráticos y sociales fundamentales. Incluso el
de elegir la propia identidad sin menoscabar los derechos de ciudadanía para
quienes no la sientan como propia.
En
esa tesitura, sólo la expresión libre de la ciudadanía dará a conocer el apoyo
efectivo de esta opción de nueva organización política. Cualquier persona o
colectivo que defienda la radicalidad democrática debe estar de acuerdo en que
un problema político hay resolverlo con la herramienta política más potente: la
consulta a la ciudadanía.
15. - Quien incumple las
leyes no puede negar la democracia. Quien incumple el Estatuto no puede
negar la consulta ... ni invocar la Constitución cuando le interesa, sin
cumplir todas las Leyes fundamentales, como los Estatutos de Autonomía.
Desde
la entrada en vigor del Estatuto de Cataluña de 2006 sólo ha habido tres
reuniones de la comisión bilateral que debe desplegar y hacer los traspasos de
competencias. La última reunión es de julio de 2011, el total de traspasos
hechos es de 7 y hay, al menos, 29 traspasos pendientes. De estos traspasos
hechos algunos están incompletos (por ejemplo se ha traspasado la gestión de la
red de los trenes de cercanías, pero sin el traspaso de los trenes, las vías y
las estaciones). También se ha prometido el pago de la deuda contemplado en la
disposición adicional tercera del Estatuto (sólo el primer año, 759 millones)
que ni siquiera se ha reconocido posteriormente.
Pero
esto no es nuevo en las relaciones Generalitat-Estado. Desde la aprobación de
la LOAPA en plena transición política (primer gobierno de Felipe González
1982-86), que significó la muerte del espíritu inicial del estado de las
autonomías, el Estado ha sido siempre receloso en la distribución de
competencias, con incumplimientos reiterados de Leyes Orgánicas (Los Estatutos
de Autonomía) y de los compromisos adquiridos, manteniendo para él funciones
duplicadas –hecho muy grave y poco divulgado- y con continuadas demandas al
Tribunal Constitucional.
Identidad y lengua
16. - El estado
español no acepta de buen grado la diversidad lingüística.
La
organización lingüística española sólo ha trabajado, desde siempre, el
castellano, fruto de la herencia de confusión entre España y Castilla,
manteniendo una política asimilacionista: estructuración de los cuerpos de
seguridad del Estado alérgica a la diversidad lingüística, regulación de los
mercados que dificulta el uso de las lenguas que no sean el castellano, mundo
judicial absolutamente castellanizado, legislación audiovisual lingüísticamente
homogeneizadora, acción exterior del Estado como si éste tuviera sólo una
lengua, ... (F.Xavier Vila).
Esto
no es lo que ha pasado y pasa, por ejemplo, en Canadá -donde el Estado promueve
el uso del inglés y el francés en todo el país-, en Bélgica -estado unitario
plurilingüístico- o en Gran Bretaña. Está claro que para los representantes de
España ... ¡ninguno de estos países son nuestro caso!
Seis
millones de personas hablamos habitualmente catalán en España. El catalán es la
22 ª lengua más traducida en el mundo y se puede estudiar en 114 universidades
de todo el mundo (¿cuántas de éstas en España, fuera de Cataluña?). Pese a
estos datos, el catalán no es lengua oficial de estado en Europa. El gaélico,
con 77.000 hablantes sí lo es porque su Estado lo considera un patrimonio
cultural y un activo del país.
17. - La imposición
del castellano y el menosprecio del catalán no son una invención interesada,
sino una realidad contrastada durante siglos.
La
expresión "habla en cristiano", escuchada repetidamente durante la
dictadura franquista, no era producto de una cierta incultura sino de una
cultura uniformizadora muy arraigada. Históricamente la diversidad lingüística
de España ha molestado mucho a las élites políticas, económicas y culturales de
cuño castellano durante los últimos trescientos años. La han vivido como un
estorbo más que como una riqueza.
La
aproximación del Estado, que tiene raíces imperiales y jacobinas, a la realidad
pluricultural y plurilingüística ha estado siempre mucho más cercana a la
multiculturalidad -permitiendo las otras lenguas en un régimen de desigualdad y
subordinación- que a una verdadera interculturalidad, enriquecimiento mutuo y
mestizaje cultural.
Algunos
botones de muestra son el Edicto Real de 1837, que imponía castigos a los niños
que hablaran catalán en la escuela, o bien la prohibición de poner telegramas y
de hablar en catalán por teléfono (Orden de Correos y Telégrafos, de 1896), la
"Orden del Ministerio de Educación Nacional" de 1939, prohibiendo el
uso público del catalán o incluso la Constitución de 1978, nada equitativa en
cuestiones lingüísticas en los territorios con lengua propia, cuestión que
provoca conflictos continuos, algunos de ellos creados por un Estado que no
traga esa diversidad más allá del folclore.
Razones económicas
18. - El déficit
fiscal de Cataluña con España no es ni razonable ni comparativo con ninguna
otra situación en estados democráticos.
En
cifras redondas podemos decir que en los últimos tres años en Cataluña se han
recaudado anualmente unos 32.000 millones de euros, de los que retornan en
forma de inversiones, transferencias y otros unos 19.000 millones.
Cataluña
es el territorio donde el Estado invierte menos por habitante, de forma
continuada. El stock de capital público es un 27% menor que la media estatal
(según el economista Carlos Boix). Aunque la población catalana supone más del
16% de la española, el gasto público en Cataluña -una vez descontadas las
transferencias directas en pensiones y subsidios de paro- supone un 11,2% de
toda la del Estado, convirtiéndola en la penúltima comunidad en gasto per
cápita en educación y sanidad.
Mientras
la inversión en políticas sociales representa para el conjunto de España un
25,3% del PIB (datos de 2010), en Cataluña esta cifra supone sólo el 21,4% del
PIB.
19. - El
empobrecimiento gradual de Cataluña no beneficia a un enriquecimiento eficiente
del conjunto del Estado.
La
falta continuada de inversiones y de transferencias por habitante en Cataluña
ayudan a explicar por qué el PIB catalán era un 18% más alto que el español en
1995 y sólo un 8% más alto en el año 2010, sólo quince años después. Comparado
con el régimen fiscal del País Vasco los datos son elocuentes: en 1995 el PIB
catalán era un 4% más alto que el PIB del País Vasco y quince años después era
un 16% más bajo. Mientras Euskadi ha podido proveerse de los bienes públicos
esenciales para ser competitivo en un mundo globalizado, Cataluña no lo ha
podido hacer, en detrimento de su crecimiento pero también del crecimiento del
conjunto del Estado.
20. - No se conoce
ningún país -salvo España- donde se haya promovido el boicot a productos de una
comunidad del propio país.
Resulta
inaudito, y también insultante, que en estos años de crisis económica aguda el
resto de España haya hecho (de manera pública o no pública) boicot a algunos
productos catalanes, como el cava, haciendo caer el consumo interno en unas
cantidades que sólo el incremento de la exportación ha podido ir compensando.
Resulta
inaudito, y también significativo, que en círculos económicos madrileños se
prefiera que una multinacional externa compre una empresa española a que lo
haga una empresa catalana, o que se haga un pedido importante de un alimento a
una empresa externa a un precio superior al que se podría conseguir en
Cataluña. O que un mando militar se niegue a surtir un cuartel de agua
embotellada catalana (que en realidad es de capital francés). Este
comportamiento sigue el patrón que ha habido, durante siglos, de una España
"plenamente constitucional" (como decía un mapa de 1854) y otra
"España asimilada" que siempre parece impura, siempre debe
justificarse o demostrar algo para poder ser quien es ...
Y,
especialmente, resulta inaudito que quien tiene responsabilidades de Estado no
haya frenado todo esto de forma inmediata, haya actuado con miedo o ... quizá
con mala fe.
Fundamentos de un
Estado social
21. - Queremos un
Estado digno de serlo.
Un
nuevo estado del siglo XXI debe tener un compromiso de radicalidad democrática,
y no únicamente las estructuras de estado habituales en las organizaciones
creadas en los siglos anteriores. Este compromiso de toda la sociedad catalana
debe fundamentarse, al menos, en:
•
Una fórmula de representación directa y cercana de la ciudadanía con sus
representantes parlamentarios
•
La consulta a la ciudadanía en aquellos temas importantes que afecten a la
organización social y la definición de políticas de Estado
•
La participación de las organizaciones de la sociedad civil en el diseño,
seguimiento y evaluación de políticas públicas
•
La denuncia de los paraísos fiscales y el refuerzo de normas y controles para
la lucha contra el fraude y el blanqueo de dinero
•
El trabajo por una cultura de paz y una política de "defensa" basada
en los principios de seguridad humana. Un estado sin ejército y con un servicio
civil de paz noviolento. Un país que destina el 'dividendo de paz' resultante
a la cooperación internacional ya mantener una política de seguridad compartida
con toda la ciudadanía.
22. - Queremos un
Estado en diálogo con nuestros vecinos.
Después
de trescientos años de unión por la fuerza y en un contexto de conflicto
grave con España, toca hablar de cómo organizamos el futuro. De cómo
encontramos una salida democrática a un conflicto permanente.
Después
de tanto tiempo en que unos hablan de victimismo donde otros ven maltrato, de
sentir menosprecio donde otros no ven más que homogeneidad, y del deseo cada
vez más extendido en Cataluña de ser mejores vecinos de lo que hemos estado
mucho tiempo, parientes mediocres, se debe afrontar la realidad.
Hemos
probado estos años un modelo democrático de convivencia, que ha cristalizado en
un "café para todos" sin poder opinar sobre quién se quedaba el pollo -el estado español- (mosén Ballarín dixit),
y, claro, no ha funcionado. Ahora toca hablar y negociar, con realismo, las
bases de esta nueva vecindad, de dos naciones que -federadas, confederadas o miembros de
una Unión-, ahora sí en plano de igualdad, quieren ir de la mano para construir
una Europa más democrática y un mundo más fraterno.
Xavier
Masllorens (xavier@masllorens.cat)
Abril
de 2013