Desde hace unos meses en Cataluña se vive un proceso esperanzado de construcción nacional que algunos definen como de creación de estructuras de estado, otros de desarrollar un estado auténticamente federal y otros claramente de independencia política en el marco europeo.
En este nuevo escenario, sea cual fuere, el movimiento por la paz reafirma sus argumentos de siempre, que intentaré exponer brevemente: no queremos ejércitos porque no creemos en la seguredad basada en la defensa militar; y trabajamos para que el paradigma futuro de defensa sea la búsqueda de la seguridad humana, entendida como la defensa radical, democrática y noviolenta de los derechos personales y colectiovos de toda la ciudadanía. Una política de seguridad, pues, ha de poder garantizar el derecho universal a una vida digna, a disfrutar de servicios básicos y a la propiedad colectiva de los bienes públicos esenciales: el aire, el agua, la energía, un medio ambiente saludable, la eduicación, la sanidad y seguridad.
Esta es nuestra política de defensa, a la que Cataluña ha contribuído mucho y debe seguir haciéndolo, desde muchos foros y desde u tejido asociativo muy rico. Tenemos un Institut Català Internacional per la Pau (ICIP) y un movimiento pacifista muy activo, que elaboran propuestas que desmontan la idea de que la seguridad es igual a la defensa militar. Hay que aprovechar toda esta riqueza para mantener abierto un debate sobre el futuro -propio y también general de toda Europa-, pero nunca para inventar un nuevo ejército o para dar dinero a terceros (sea la OTAN, el estado español o la UE) para que nos "protejan" de no se sabe qué enemigos.
El dinero que nos ahorraríamos, un verdadero "dividendo por la paz" podría ser utilizado para acercarnos a una real seguridad humana (salud, educación, vivienda, etc.). Y si alguien tuviera la tentación de llamarnos insolidarios, le invitaríamos a sumarse a la idea para ejercer una verdadera solidaridad: cooperación internacional, políticas sociales y servicios básicos.
domingo, 18 de noviembre de 2012
miércoles, 7 de noviembre de 2012
La extinción
El Correo del Sol. Gustavo Duch. 7 de noviembre de 2012
Ni el mayor de los estadios de futbol le serviría como aparcamiento. Con sus 142 metros de proa a popa, simplemente no cabe. El FV Margiris es un buque de batalla, todo un arsenal de guerra contra el Mar y la Vida. En un solo día con sus redes de arrastre captura y congela tantos pescados como en un año pescarían 56 embarcaciones tradicionales de Mauritania o Senegal. Además ‘accidentalmente’ arrastra a la muerte a decenas de delfines, focas y tortugas.
Después de vaciar las costas africanas, el FV Margiris ha puesto rumbo hacia aguas australianas. Dicen sus propietarios europeos, con una mueca filantrópica, que el pescado que ahí capturen será vendido en… ¡países africanos! ─ que tanta falta les hace.
Sentado sobre su barca y mirando añorado al océano, Adama Mbergaul pescador sin nada que pescar se enfurece ―no podremos comprarlo.
jueves, 1 de noviembre de 2012
¿Seguro que "primero los de casa"?
El desmantelamiento de la cooperación internacional al desarrollo, que están perpetrando el estado español y la mayoría de comunidades autónomas, encuentra muy poca resistencia entre la ciudadanía, aturdida por las consecuencias de la crisis y ante el relato de que es necesario arreglar primero los problemas de casa, antes que ser solidarios con los que están lejos. "Con la que está cayendo -nos dicen- no podemos pensar en los que están lejos".
Pero ni el relato se ciñe a la verdad ni el desmantelamiento de la solidaridad internacional va a ayudar a resolver la crisis, sino al contrario, va a instalar otro relato de "sálvese quien pueda" y "no hay más remedio que". En primer lugar porque los recursos -como podemos ver estos días en la discusión de los Presupuestos 2013 del Estado- no se incrementan para los gastos sociales en ningún caso, sino para pagar los intereses de la deuda pública (¡38.000 millones de euros!), para pagar gastos corrientes de Ministerios que duplican competencias transferidas a las CC.AA., para pagar armamento comprometido con Europa (¿acaso no había un compromiso previo con la ciudadanía para dar asistencia sanitaria universal y gratuita?), para compensar a empresas por autopistas no rentables o para que el AVE llegue a Galicia con prisa, antes de que acabe la crisis.
Los recortes sociales seguirán, porque todo parece indicar que habíamos llegado a un grado excesivo de derechos sociales, a juicio del gran capital que nos cuida y vigila. De manera que el argumento de "primero los de casa" tampoco funciona. No es verdad. Nos están dando gato por liebre y cuando alcemos la voz quizás sea demasiado tarde.
Mientras, la cooperación española al desarrollo tiende a cero, tras 32 años de un compromiso nacido del imperativo ético, social, político y económico por erradicar la pobreza extrema del mundo. En momentos de crisis las ONG no pedimos mantener el monto global de la ayuda sino mantener una cantidad proporcional a la riqueza del país: la crisis no puede ser una excusa, ya que si la riqueza del país disminuye también lo hace su compromiso, pero en la misma proporción.
No se trata de una cuestión de solidaridad sino de justicia. El compromiso de 1970, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas urgió a los 'países desarrollados' a destinar el 0,7 de su PIB a ayuda exterior, fue fruto de u consenso para conseguir que todas las personas puedan disfrutar de una vida digna. Por nuestra dignidad, alcemos la voz ya.
Pero ni el relato se ciñe a la verdad ni el desmantelamiento de la solidaridad internacional va a ayudar a resolver la crisis, sino al contrario, va a instalar otro relato de "sálvese quien pueda" y "no hay más remedio que". En primer lugar porque los recursos -como podemos ver estos días en la discusión de los Presupuestos 2013 del Estado- no se incrementan para los gastos sociales en ningún caso, sino para pagar los intereses de la deuda pública (¡38.000 millones de euros!), para pagar gastos corrientes de Ministerios que duplican competencias transferidas a las CC.AA., para pagar armamento comprometido con Europa (¿acaso no había un compromiso previo con la ciudadanía para dar asistencia sanitaria universal y gratuita?), para compensar a empresas por autopistas no rentables o para que el AVE llegue a Galicia con prisa, antes de que acabe la crisis.
Los recortes sociales seguirán, porque todo parece indicar que habíamos llegado a un grado excesivo de derechos sociales, a juicio del gran capital que nos cuida y vigila. De manera que el argumento de "primero los de casa" tampoco funciona. No es verdad. Nos están dando gato por liebre y cuando alcemos la voz quizás sea demasiado tarde.
Mientras, la cooperación española al desarrollo tiende a cero, tras 32 años de un compromiso nacido del imperativo ético, social, político y económico por erradicar la pobreza extrema del mundo. En momentos de crisis las ONG no pedimos mantener el monto global de la ayuda sino mantener una cantidad proporcional a la riqueza del país: la crisis no puede ser una excusa, ya que si la riqueza del país disminuye también lo hace su compromiso, pero en la misma proporción.
No se trata de una cuestión de solidaridad sino de justicia. El compromiso de 1970, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas urgió a los 'países desarrollados' a destinar el 0,7 de su PIB a ayuda exterior, fue fruto de u consenso para conseguir que todas las personas puedan disfrutar de una vida digna. Por nuestra dignidad, alcemos la voz ya.
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