Esta semana he asistido por primera vez a una reunión del Consejo catalán
de Cooperación. En la mesa casi treinta personas; representantes
gubernamentales (mayormente en silencio, excepto los de la Agència Catalana de
Cooperació al Desenvolupament ACCD); con cuestiones muy importantes en la
agenda como la revisión de la actuación durante el año 2012, el
"nuevo" organigrama de la ACCD, información sobre posible presupuesto
2013 y otros.
A la salida, un sentimiento de vergüenza al comprobar que “no estamos en
buenas manos” y de rabia porque a pesar del desmantelamiento de las políticas de solidaridad… ¡aquí no hay un alma que se mueva!. No
hay conciencia en la calle de que una sociedad sin una política pública de
solidaridad interna y externa no es una sociedad sana.
A modo de ejemplos, una selección para ponerse a llorar:
A modo de ejemplos, una selección para ponerse a llorar:
- el director de la ACCD confiesa que no puede haber una orientación política clara porque una gran parte de los fondos disponibles dependen de los recortes –a veces arbitrarios- que se obligan a hacer desde Madrid (cierto). Sin embargo ha implementado un nuevo organigrama esta semana, despidiendo a dos personas y promoviendo a otras dos. ¿Para qué? Nadie sabe con certeza a qué se ha debido, sólo sabemos que se ha hecho por el artículo veintinueve (que como sabemos va después de veintiocho).
- En el año 2012 no se resolvió la convocatoria pública de subvenciones a organizaciones no gubernamentales para la paz, derechos humanos y desarrollo. Desde el año pasado, más del 60% del presupuesto dedicado a la cooperación se ejecuta con criterio discrecional, no está sujeto a un escrutinio, simplemente a una "coordinación" del Departamento de Presidencia (ACCD) que se parece más a una recolección de datos de lo que hacen las distintas Áreas que una orientación con prioridades fijadas de antemano.
- Como sabemos, no hay ningún presupuesto aprobado para 2013. El Plan de Cooperación 2010-2014 es pura fantasía (comprensible hasta cierto punto), pero lo que no es de recibo es que no haya ninguna prioridad que sea sí o sí.
- El Gobierno de España se sigue "pasando por el forro” las tres sentencias del Tribunal Constitucional que obligan a transferir la gestión completa y el dinero del 0,7% del IRPF a las comunidades autónomas (en este caso con la connivencia de la Plataforma de Acción Social, manda huevos!). Sólo cumpliendo con la ley ya no haría falta tener un Estado tan “magnánimo”, que paga directamente a proveedores de programas de infancia, discapacidad o tercera edad... y habría posibilidades de seguir un plan de cooperación anual!
En la próxima reunión, prevista para septiembre, iré directamente con un
pañuelo.
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