El actor George Clooney y el activista por los derechos humanos John Prendergast lideran un proyecto que pretende investigar y divulgar los flujos financieros que entran y salen de las zonas en guerra. El proyecto se llama "The Sentry" (El centinela) y quiere nutrirse de información pública, denuncias confidenciales que reciban, dinero que sale al exterior de países en conflicto, investigaciones sobre comercio ilícito de armamento, etc.
El resultado esperado es poder publicar nombres concretos de personas y empresas que se lucran con el "negocio de la guerra", con el fin de presionar a los gobiernos para que les hagan pagar un precio por los males que causan.
Sabemos que muchos de esos males son irreversibles (decenal de miles de personas muertas, heridas, desplazadas o refugiadas cada mes), pero piensan que éste puede ser un primer paso para poner rostro al lucro sobre el sufrimiento humano ... en una época donde es posible la filtración de información confidencial a las redes sociales que inició Wikileaks.
La ciudadanía de todo el mundo les estará agradecida si la iniciativa prospera, ya que obligarà a gobuiernos e instituciones internacionales a actuar ante unos poderes fácticos que hoy por hoy parecen intocables, además de ser con frecuencia anónimos.
((Información básica extraída de un artículo de Teresa Turiera en el diario ARA)
miércoles, 12 de agosto de 2015
viernes, 26 de junio de 2015
Cruz Roja, la ONCE y Cáritas española: las tres señoras
El pasado día 8 de junio el Tribunal Supremo anuló el Real Decreto de 2013 que regulaba las subvenciones desde la administración del Estado a las entidades sociales (al Tercer Sector Social), correspondientes a la casilla de "otros fines de interés social" que los ciudadanos marcamos voluntariamente en nuestra Declaración de renta.
La sentencia se basa, como en las ... ¡13 sentencias anteriores! de ese mismo Tribunal y del Constitucional en veinte años, en el hecho de que el Estado no es competente en el desarrollo de políticas sociales, cuyas competencias exclusivas corresponden a las Comunidades Autónomas como señala el propio texto constitucional.
Dicho en plata: el 0,7% de cada ciudadano que quiera marcar la casilla debe recaudarlo la Comunidad Autónoma y repartirlo ésta, íntegramente ¿Por qué, pues, el Estado desoye repetidamente los altos tribunales y se pasa por el forro sentencias y más sentencias, cambia reglamentos, modifica bases de convocatorias y lo que haga falta para seguir repartiendo 220 millones de euros -en 2014- a las entidades sociales que considera?.
A mi juicio, por tres razones fundamentales y que conviene repetir, aunque desde Cataluña se ha hecho hasta la saciedad desde 2007 en estudios, demandas, recursos y peticiones, porque en su caso se recogieron 54,4 M€ y retornaron 30,8 millones, cifra que no se corresponde ni tan sólo con la cifra promedio de retorno por habitante, lo que conlleva un agravio comparativo, reiterado en el tiempo, difícil de explicar ya que premia a lñas Comunidades donde menos ciudadanos marcan la casilla del 0,7%.
Primera razón: el Estado autonómico está en quiebra desde su inicio (la LOAPA), y el alma castellana del Estado no se lo ha creído nunca, lo ha respetado poco y lo valora en cero. La diversidad es un incordio, y no me extiendo en el argumento.
Segunda razón: porque las grandes organizaciones sociales, centralistas y burocratizadas, y muy especialmente "las tres señoras", a través de su brazo armado (la Plataforma de Acción Social, donde tienen entre las tres un tercio de los votos y muchísima influencia sobre la mayoría de pequeñas ONG) ha medrado desde el primer momento por centralizar las ayudas, procurar que éstas fueran mayoritariamente a entidades "nacionales" (aunque tener sede en Madrid ya se considera nacional, el resto no) y liderar la interlocución con los gobiernos estatales al tiempo que sus aparatos "centrales" controlan al interno sus delegaciones y secciones autonómicas o episcopales.
Tercera razón: bajo el argumento de la igualdad de oportunidades entre los habitantes en riesgo de exclusión de cualquier lugar de España se perpetra una distribución discrecional de fondos que facilita el control de entidades, la priorización de los ámbitos de trabajo de las organizaciones sociales y se asegura la continuidad estructural de las grandes organizaciones, las que reciben más subvenciones año tras año. Es una razón que no soporta ni un débil estudio comparativo, pero sirve perfectamente para rasgarse las vestiduras ante la posibilidad de que "haya 17 Españas distintas en derechos" y dar por bueno el "derecho a una sola España, que es la que yo quiero".
Urge, por salud democrática, que en esta ocasión (a la 14 va la vencida) el Estado cumpla la sentencia y transfiera, mañana mismo, los fondos a los gobiernos autonómicos. ¿O es que el Tribunal Constitucional y el Supremo sólo obliga a unos y no a todos?.
La sentencia se basa, como en las ... ¡13 sentencias anteriores! de ese mismo Tribunal y del Constitucional en veinte años, en el hecho de que el Estado no es competente en el desarrollo de políticas sociales, cuyas competencias exclusivas corresponden a las Comunidades Autónomas como señala el propio texto constitucional.
Dicho en plata: el 0,7% de cada ciudadano que quiera marcar la casilla debe recaudarlo la Comunidad Autónoma y repartirlo ésta, íntegramente ¿Por qué, pues, el Estado desoye repetidamente los altos tribunales y se pasa por el forro sentencias y más sentencias, cambia reglamentos, modifica bases de convocatorias y lo que haga falta para seguir repartiendo 220 millones de euros -en 2014- a las entidades sociales que considera?.
A mi juicio, por tres razones fundamentales y que conviene repetir, aunque desde Cataluña se ha hecho hasta la saciedad desde 2007 en estudios, demandas, recursos y peticiones, porque en su caso se recogieron 54,4 M€ y retornaron 30,8 millones, cifra que no se corresponde ni tan sólo con la cifra promedio de retorno por habitante, lo que conlleva un agravio comparativo, reiterado en el tiempo, difícil de explicar ya que premia a lñas Comunidades donde menos ciudadanos marcan la casilla del 0,7%.
Primera razón: el Estado autonómico está en quiebra desde su inicio (la LOAPA), y el alma castellana del Estado no se lo ha creído nunca, lo ha respetado poco y lo valora en cero. La diversidad es un incordio, y no me extiendo en el argumento.
Segunda razón: porque las grandes organizaciones sociales, centralistas y burocratizadas, y muy especialmente "las tres señoras", a través de su brazo armado (la Plataforma de Acción Social, donde tienen entre las tres un tercio de los votos y muchísima influencia sobre la mayoría de pequeñas ONG) ha medrado desde el primer momento por centralizar las ayudas, procurar que éstas fueran mayoritariamente a entidades "nacionales" (aunque tener sede en Madrid ya se considera nacional, el resto no) y liderar la interlocución con los gobiernos estatales al tiempo que sus aparatos "centrales" controlan al interno sus delegaciones y secciones autonómicas o episcopales.
Tercera razón: bajo el argumento de la igualdad de oportunidades entre los habitantes en riesgo de exclusión de cualquier lugar de España se perpetra una distribución discrecional de fondos que facilita el control de entidades, la priorización de los ámbitos de trabajo de las organizaciones sociales y se asegura la continuidad estructural de las grandes organizaciones, las que reciben más subvenciones año tras año. Es una razón que no soporta ni un débil estudio comparativo, pero sirve perfectamente para rasgarse las vestiduras ante la posibilidad de que "haya 17 Españas distintas en derechos" y dar por bueno el "derecho a una sola España, que es la que yo quiero".
Urge, por salud democrática, que en esta ocasión (a la 14 va la vencida) el Estado cumpla la sentencia y transfiera, mañana mismo, los fondos a los gobiernos autonómicos. ¿O es que el Tribunal Constitucional y el Supremo sólo obliga a unos y no a todos?.
jueves, 4 de junio de 2015
Había una vez un país ...
Había una vez un país donde se retransmitía por televisión la muerte cruenta de toros en horario infantil, y debían matarse en todas partes por igual, en la arena y con fanfarria y olé. Donde todas las instituciones del Estado se apresaban a cerrar filas ante el abucheo del himno "nacional" en un partido de fútbol. Donde no se aceptó el cupo de solicitantes de asilo fijado por la Unión Europea ante una crisis humanitaria. Donde se limitó la libertad de manifestación en algunos supuestos, casos y lugares incómodos. Donde los ricos corruptos entraban y salían de la cárcel con más facilidad que los pobres chorizos, y sin la obligación de devolver lo robado. Donde no todas las policías eran iguales, porque unas (las "nacionales") luchaban mejor contra la delincuencia y eran más mejores que las otras (uggh!, las policías "nacionalistas"). Donde el derecho a la intimidad -en caso de detención policial- pasaba por delante del derecho a la información. Donde el IVA -que pagaban todos los ciudadanos- subía más que el impuesto a la riqueza, que tenían algunos.
Y todo eso sucedía en unas pocas semanas, no fue fruto de muchos años, no. No era un país nacionalista, tampoco; los nacionalistas eran los otros, malos, insolidarios y hasta "delincuentes" a veces. Ese país era simplemente La Nación, con mayúsculas, y todos los ciudadanos la vivían, la sentían de veras o a la trágala y pobre del que no la sienta, no es digno, es un delincuente potencial y el peso de la ley caerá sobre él, ahora o con la próxima ley de te vas a enterar.
- Papá, ¿y qué más?
En ese país se hablaba una lengua, imperial y extensa, coñe, y algunas otras que resultaban un incordio porque sus hablantes seguían empeñándose en costearse televisiones de peaje, diarios, revistas y hasta alguna emisora de radio que parecía polaca. Quizás -ese país- debería prohibir de una vez que nadie pudiera pagarse nada en su lengua, aunque fuera sin cargo al Estado, coñe. Y acabar con el incordio y ser de una vez Una y Grande (libre ya no lo era, se habían conformado).
La Nación era común e indivisible, como una madre, y lo era por decreto, por costumbre o por derecho de conquista. La Nación era la única, las demás no son naciones, que para eso estaba el léxico, tan rico, para llamarlas regiones, nacionalidades, autonomías, leñe. Ah! Y era una democracia como la copa de un pino, mientras conviniera a los poderes del Estado. Como Groucho Marx, siempre podían sacarse otros principios si los anteriores no le gustaban a "los poderes del Estado": un Estado, Nación, país, todo en uno porque toca. Gran país.
- Papá, ¿qué país es éste?
- No sé, hijo mío, pero yo no quisiera vivir en él.
Y todo eso sucedía en unas pocas semanas, no fue fruto de muchos años, no. No era un país nacionalista, tampoco; los nacionalistas eran los otros, malos, insolidarios y hasta "delincuentes" a veces. Ese país era simplemente La Nación, con mayúsculas, y todos los ciudadanos la vivían, la sentían de veras o a la trágala y pobre del que no la sienta, no es digno, es un delincuente potencial y el peso de la ley caerá sobre él, ahora o con la próxima ley de te vas a enterar.
- Papá, ¿y qué más?
En ese país se hablaba una lengua, imperial y extensa, coñe, y algunas otras que resultaban un incordio porque sus hablantes seguían empeñándose en costearse televisiones de peaje, diarios, revistas y hasta alguna emisora de radio que parecía polaca. Quizás -ese país- debería prohibir de una vez que nadie pudiera pagarse nada en su lengua, aunque fuera sin cargo al Estado, coñe. Y acabar con el incordio y ser de una vez Una y Grande (libre ya no lo era, se habían conformado).
La Nación era común e indivisible, como una madre, y lo era por decreto, por costumbre o por derecho de conquista. La Nación era la única, las demás no son naciones, que para eso estaba el léxico, tan rico, para llamarlas regiones, nacionalidades, autonomías, leñe. Ah! Y era una democracia como la copa de un pino, mientras conviniera a los poderes del Estado. Como Groucho Marx, siempre podían sacarse otros principios si los anteriores no le gustaban a "los poderes del Estado": un Estado, Nación, país, todo en uno porque toca. Gran país.
- Papá, ¿qué país es éste?
- No sé, hijo mío, pero yo no quisiera vivir en él.
jueves, 14 de mayo de 2015
La inmigración en el Mediterráneo no es tal, es una crisis humanitaria
¿Sabías que en 2014 llegaron a Europa un total de 440.000 personas de países empobrecidos o en guerra, y que 252.000 de ellas fueron retornadas a sus países de origen después de juicios rápidos? Eso significa que se quedaron en Europa menos de 200.000 personas, que significa un 0,04% de la población europea.
¿Sabías que Canadá tiene una política de cupo migratorio de un 1% anual sobre su población? ¡Hubiera supuesto la integración de 5 millones de personas! ¿Sabías que -a pesar de las continuas alertas de los telenoticias- en 2015 han llegado a Europa un total de 50.000 personas? Dicho esto, ¿cópmo es que hay un sentimiento bastamnte generalizado de desbordamiento, de alud migratorio, y se habla de inmigración cuando habría que hablar de crisis humanitaria, porque se trata sobre todo de una crisis humanitaria de proporciones gigantescas?
¿Sabías que Canadá tiene una política de cupo migratorio de un 1% anual sobre su población? ¡Hubiera supuesto la integración de 5 millones de personas! ¿Sabías que -a pesar de las continuas alertas de los telenoticias- en 2015 han llegado a Europa un total de 50.000 personas? Dicho esto, ¿cópmo es que hay un sentimiento bastamnte generalizado de desbordamiento, de alud migratorio, y se habla de inmigración cuando habría que hablar de crisis humanitaria, porque se trata sobre todo de una crisis humanitaria de proporciones gigantescas?
Hay, según muchos indicios, diversas causas e intereses que la ciudadanía concienciada debería desvelar. En primer lugar, hay un problema importante de percepción sobre la inmigración. Según un estudio publicado en The Guardian, España es el cuarto estado en el mundo donde la percepción sobre la inmigración es más errónea: se piensa, por ejemplo, que la población musulmana es del 13% sobre el total, cuando en realidad es del 2%. Esta percepción errónea comndiciona mucho cualquier debate, porque introduce factores como el miedo a aquello que es distinto, desconocido y potencialmente "invasivo", lo cual dificulta abordar con serenidad un tema (la integración social de la población recién llegada) de humanidad y de justicia global, y lo convierte en un tema de seguridad interior. Eso es lo que están haciendo, por ejemplo, los dirigentes de la Unión Europea que escamotean el verdadero debate humanitario para esconder nuestras vergüenzas colectivas.
El segundo error interesado -éste más dramático- es hablar de inmigración y no de crisis humanitaria. A pesar de que la brecha económica entyre el norte y el sur del Mediterráneo es mayor que en cualquier otro lugar del mundo (una proporción de ingresos de 7 a 1 por el mismo trabajo entre África y el sur de Europa), en estos momentos la población africana sabe que en Europa hay muchos menos puestos de trabajo vacantes que hace unos años y 9 de cada 10 africanos emigran de sus países hacia países vecinos, y solamente 1 de cada 10 lo hace a Europa. Hoy la llegada masiva por mar a Europa se da de países en conflicto (Síria, Iraq, Somalia, Libia, Eritrea, Yemen...), donde hay más de cinco muillones de desplazados internos y refugiados que no tienen ese estatuto reconocido.
Mientras tanto, los dirigentes de la vieja Europa siguen tratando el tema como un problema de inmigración económica, con una conducta que podemos tachar de criminal si atendemos al hecho de que se trata de fugitivos de guerra, familias enteras que se juegan la piel en un éxodo incierto y cruel. Familias que llenan el Mare Nostrum de muertos y lo convierten en el Mare Mortum de nuestra vergüenza.
¿Qué podemos hacer, o mejor, qué debemos hacer de forma urgente? De entrada, promover un acuerdo internacional que aseguri los derechos de los refugiados, que asegure a las poblaciones el derecho a huir de un conflicto armado y a tener el estatuto de refugiados.
¿Cómo hacerlo? Manteniendo abiertas las fronteras de todos los países de la zona (en estos momentos, especialmente Jordania, Iraq y Turquía) , con el compromiso de Occidente de financiar la estancia provisional de la población refugiada, asegurando la seguridad de los campos de refugiados y facilitando un proceso de identificación de las personas para proporcionarles el estatuto internacional de refugiados de guerra a aquellas que no sean combatientes.
Mientras no hagamos eso, en lugar de hablar de destruir barcos y perseguir quimeras con grandes discursos, tenemos una responsabilidad criminal con cada una de las personas que mueren en el mar huyendo de su desgracia. Si no los queremos en Europa, facilitemos que puedan vivir en países próximos hasta su regreso a casa. Se hizo en 1988 en Camboya y se puede hacer ahora. Se tiene que hacer ahora, sin esperar más.
miércoles, 25 de febrero de 2015
¿Dónde queda la Europa de los ciudadanos?
La dura postura del gobierno español -casi malcarada- en la negociación de la deuda de Grecia me lleva a hacer algunas reflexiones que me parecen pertinentes, en estos momentos en los que hay bastante desencanto con el proyecto de unidad europea entre amplios sectores de la ciudadanía.
Constato, en primer lugar, que la Europa de los ciudadanos ha cedido otra vez el protagonismo a la Europa de los mercaderes. Sabemos que el Mercado Común nació antes que la Unión; sabemos también que la UE es un club donde se toman decisiones en función de intereses 'nacionales' (estatales) -algunas, como la política agraria- i de intereses de las grandes empresas -la mayoría-. Pero con el Tratado de Maastrich y el de Lisboa nos habían dicho que avanzábamos también en la homologación de derechos, de libre circulación de personas y en unos mínimos comunes en políticas sociales. Esta negociación olvida el principio, y el rescate de cuatro países del Sur de Europa ha demostrado claramente que las medidas que se toman no favorecen la cohesión social ni el bienestar de la población sino que se orientan únicamente a la continuidad del sistema neoliberal y la estabilidad financiera como si se tratara de un mantra inviolable.
Pero todavía hay más: los adalides españoles del sistema, los mismos que dicen que el sistema universitario español es insostenible -como si el acceso mayoritario a la universidad se pudiera asegurar mejor en un sistema privado, costeado por cada cual-, ponen el grito en el cielo porque Grecia pone dificultades a devolver "a cada español los 600 euros que les ha prestado". O sea, no nos fijamos en las condiciones del préstamo, ni en las razones inmediatas que llevaron a tomarlo (en buena parte egoístas para la propia Europa monetaria), ni en las consecuencias de la inflexibilidad europea para unos ciudadanos europeos, sino que consideramos que es un tributo de exigencia inmediata y sin discusión, caiga quien caiga.
Y de discusión tiene que haber, y mucha. Me pregunto qué parte del préstamo podría considerarse solidaridad europea y qué parte retorno a los acreedores, mayoritariamente privados, bancos alemanes muchos de ellos. Y habría que abrirse a discutir, también, la mejor forma de retorno de un préstamo para que no profundice la brecha entre pobres y ricos en la sociedad griega y asegure un retorno pausado y seguro, que contribuya a la creación de riqueza en Grecia en beneficio de toda Europa. Si eso supone la quita de una parte de la deuda, bienvenida sea porque no habrá sido ni la primera ni la mayor, aunque "sufran los mercados".
No tenemos que recibir en silencio el menosprecio del ministro de Finanzas alemán hacia la ciudadanía griega, al decir que "han elegido un gobierno irresponsable" porque no quiere seguir al pie de la letgra los dictados de la gran banca., No todo vale y deberíamos proclamarlo alto y claro: los poderosos no pueden laminar la democracia que hemos construido en tantos siglos de convivencia difícil. Cuando el ministro dice eso, es un peón del capital quien habla pero no un servidor público al servicio del pueblo que le dio la confianza. Debnería saber, por boca de la ciudadanía comprometida, que con la democracia no se juega y que estmos dispuestas a defenderla por encima de los intereses del dinero, de cualquier sistema económico y de un sistema de representación que se nos está quedando manco y cojo.
También quisiera considerar por qué razón la transferencia anual de dinero de Cataluña al Estado español recibe el nombre de solidaridad interterritorial (4.000 € por cabeza), y en cambio la transferencia española a los griegos se trata como un tributo a pagar de forma inmediata. ¿No será que esto de la solidaridad, y de los tributos, va por barrios?. En cualquier caso, las maneras abruptas de un ministro de Economía español -que ha saneado su sistema bancario con fondos europeos- me parece lamentable, casi patética. ¿Y si España siguiera con unos tipos de interés muy altos, sería más comprensivo con el gobierno griego?. Seguro que sí ... valiente argumento!
Y la última reflexión se refiere al gobierno griego. En Europa nos hemos dotado de unos criterios comunes que podemos mejorar, es lícito cambiar e incluso denunciar desde sus fundamentos. Pero hay que hacerlo desde el respeto por todas las posturas y desde una óptica participativa de democracia, la misma que queremos para el futuro común. Me parece que no me equivoco si digo que somos muchos millones los europeos que admiramos el coraje del nuevo gobierno griego para poner las personas en su foco, y especialmente las personas y los colectivos empobrecidops y sus intereses. Que compartimos la idea de que no se puede empobrecer más a un pueblo para retornar una deuda cuyas condiciones se fijan unilateralmente (en este caso trilateralmente entre los banqueros alemanes, el FMI y el Banco Mundial). Pero eso no puede suponer una patente para fijar, también unilateralmente, otras reglas de juego. Por esta razón, con toda mi simpatía les pido la misma flexibilidad que reclaman para todos, con un único límite: evitar cualquier sufrimiento más a las personas pobres de Europa.
Constato, en primer lugar, que la Europa de los ciudadanos ha cedido otra vez el protagonismo a la Europa de los mercaderes. Sabemos que el Mercado Común nació antes que la Unión; sabemos también que la UE es un club donde se toman decisiones en función de intereses 'nacionales' (estatales) -algunas, como la política agraria- i de intereses de las grandes empresas -la mayoría-. Pero con el Tratado de Maastrich y el de Lisboa nos habían dicho que avanzábamos también en la homologación de derechos, de libre circulación de personas y en unos mínimos comunes en políticas sociales. Esta negociación olvida el principio, y el rescate de cuatro países del Sur de Europa ha demostrado claramente que las medidas que se toman no favorecen la cohesión social ni el bienestar de la población sino que se orientan únicamente a la continuidad del sistema neoliberal y la estabilidad financiera como si se tratara de un mantra inviolable.
Pero todavía hay más: los adalides españoles del sistema, los mismos que dicen que el sistema universitario español es insostenible -como si el acceso mayoritario a la universidad se pudiera asegurar mejor en un sistema privado, costeado por cada cual-, ponen el grito en el cielo porque Grecia pone dificultades a devolver "a cada español los 600 euros que les ha prestado". O sea, no nos fijamos en las condiciones del préstamo, ni en las razones inmediatas que llevaron a tomarlo (en buena parte egoístas para la propia Europa monetaria), ni en las consecuencias de la inflexibilidad europea para unos ciudadanos europeos, sino que consideramos que es un tributo de exigencia inmediata y sin discusión, caiga quien caiga.
Y de discusión tiene que haber, y mucha. Me pregunto qué parte del préstamo podría considerarse solidaridad europea y qué parte retorno a los acreedores, mayoritariamente privados, bancos alemanes muchos de ellos. Y habría que abrirse a discutir, también, la mejor forma de retorno de un préstamo para que no profundice la brecha entre pobres y ricos en la sociedad griega y asegure un retorno pausado y seguro, que contribuya a la creación de riqueza en Grecia en beneficio de toda Europa. Si eso supone la quita de una parte de la deuda, bienvenida sea porque no habrá sido ni la primera ni la mayor, aunque "sufran los mercados".
No tenemos que recibir en silencio el menosprecio del ministro de Finanzas alemán hacia la ciudadanía griega, al decir que "han elegido un gobierno irresponsable" porque no quiere seguir al pie de la letgra los dictados de la gran banca., No todo vale y deberíamos proclamarlo alto y claro: los poderosos no pueden laminar la democracia que hemos construido en tantos siglos de convivencia difícil. Cuando el ministro dice eso, es un peón del capital quien habla pero no un servidor público al servicio del pueblo que le dio la confianza. Debnería saber, por boca de la ciudadanía comprometida, que con la democracia no se juega y que estmos dispuestas a defenderla por encima de los intereses del dinero, de cualquier sistema económico y de un sistema de representación que se nos está quedando manco y cojo.
También quisiera considerar por qué razón la transferencia anual de dinero de Cataluña al Estado español recibe el nombre de solidaridad interterritorial (4.000 € por cabeza), y en cambio la transferencia española a los griegos se trata como un tributo a pagar de forma inmediata. ¿No será que esto de la solidaridad, y de los tributos, va por barrios?. En cualquier caso, las maneras abruptas de un ministro de Economía español -que ha saneado su sistema bancario con fondos europeos- me parece lamentable, casi patética. ¿Y si España siguiera con unos tipos de interés muy altos, sería más comprensivo con el gobierno griego?. Seguro que sí ... valiente argumento!
Y la última reflexión se refiere al gobierno griego. En Europa nos hemos dotado de unos criterios comunes que podemos mejorar, es lícito cambiar e incluso denunciar desde sus fundamentos. Pero hay que hacerlo desde el respeto por todas las posturas y desde una óptica participativa de democracia, la misma que queremos para el futuro común. Me parece que no me equivoco si digo que somos muchos millones los europeos que admiramos el coraje del nuevo gobierno griego para poner las personas en su foco, y especialmente las personas y los colectivos empobrecidops y sus intereses. Que compartimos la idea de que no se puede empobrecer más a un pueblo para retornar una deuda cuyas condiciones se fijan unilateralmente (en este caso trilateralmente entre los banqueros alemanes, el FMI y el Banco Mundial). Pero eso no puede suponer una patente para fijar, también unilateralmente, otras reglas de juego. Por esta razón, con toda mi simpatía les pido la misma flexibilidad que reclaman para todos, con un único límite: evitar cualquier sufrimiento más a las personas pobres de Europa.
miércoles, 14 de enero de 2015
¿El ejército sirve para ocupar las calles de París?
Estos días, después de la bárbara demostración de estupidez inhumana y de terror que han supuesto los atentados de París, nos preguntan a los pacifistas si seguimos pensando que los ejércitos no sirven para la seguridad y si persistimos en nuestra "candidez" de pensar que los conflictos como el terrorismo internacional o el Estado Islámico pueden resolverse mediante el diálogo o por medios pacíficos.
La pregunta es pertinente, sobre todo a la vista de la exasperante respuesta de los políticos
mundiales, que se manifiestan juntos por las calles en nombre de la libertad cuando están a punto de perpetrar un nuevo recorte a las libertades ciudadanas "para nuestro bien y seguridad" (pensando, eso sí, más en la seguridad del statu quo y de los estados que de los ciudadanos). Como cada vez somos más los que pensamos que al “sistema” (poderes económicos, especuladores, libre mercado y clase política) le acaba resultando vergonzantemente útil que haya un poco de terror para gobernar la cosa –no hay nada tan paralizante como el miedo para justificar falsas seguridades- procuraré responder a la cuestión de forma breve.
1. Es imprescindible que haya fortaleza y unidad en la defensa de las libertades ciudadanas y contra el terrorismo, y no contraponer las primeras (las libertades) al concepto de seguridad. Las
sociedades son cada vez más complejas, las relaciones entre grupos, pueblos y países también lo son, y la simplificación de considerar libertad y seguridad como de suma 0 sólo nos llevaría a retornar a civilizaciones de muchos siglos atrás.
2. Ante las diversas formas de barbarie terrorista no hay seguridad absoluta para bienes y personas si se utiliza -como viene siendo habitual- el poder de la fuerza como respuesta. Hay que perfeccionar sistemas de información policial, redes de colaboración y de cooperación de datos, pero siempre y escrupulosamente
respectando el estado de derecho, la división de poderes y promoviendo más las libertades individuales y colectivas que nos hacen más humanos, nunca recortándolas en nombre de “una seguridad imposible al 100%”
3. Debemos cambiar ya el concepto de seguridad: una nueva ‘seguridad humana’ ha de contemplar
como sujeto a las personas, y no a los Estados. Desde esta perspectiva hay mucho camino a recorrer sin haber de justificar la presencia de los ejércitos en nuestras calles, como estos días estamos viendo en Francia -según nos dicen-- para la tranquilidad de la población.
No sé qué tranquilidad nos puede dar saber que las personas depravadas que cometieron los atentados llevaban Kalashnikov de última generación, armas
fabricadas y vendidas por las grandes potencias, muy similares a las de los militares que supuestamente nos están "protegiendo" ahora.
4. Hay que ir al fondo de la cuestión. No vale analizar las cosas desde los hechos inmediatos ni hacer falsas simplificaciones. Ni la situación de Oriente Medio (por poner un ejemplo) es sólo fruto de una malísima colonización y descolonización -que también- ni se ha creado el estado Islámico de la noche a la mañana por la obsesión retorcida de unos cuantos ideólogos de una versión del Islam oscurantista. Si queremos tener una pista reciente de un conflicto muy difícil de resolver la podemos encontrar en la
gravísima irresponsabilidad de una invasión de Iraq que no resolvió nada (excepto la continuidad en la producción de petróleo y gas para la exportación), y si queremos ir más lejos podemos analizar el sentido de los apoyos interesados de las grandes potencias a las dictaduras como las de los Assad en Siria o Sadam Hussein en sus primeros tiempos, a la creación del Estado de Israel sin asegurar al mismo tiempo la pervivencia pacífica del Estado palestino, o a la creación del Estado de Jordania como quasi submarino de Occidente en la zona.
Dicho esto, podríamos concluir dos cosas: que la razón de la fuerza (los ejércitos, las invasiones, la injerencia externa) está agotando su capacidad de solución a cualquier tipo de conflicto -¿la ha tenido nunca?-, y que en la situación actual se impone hacer algo de forma distinta y urgente para frenar un caldo de cultivo mundial lleno de conflictos larvados, luchas de poder, prejuicios entre comunidades, animadversiones varias y situaciones de lesa injusticia.
¿Y ahora, qué? Pues,probar de hacerlo diferente, desde YA, para llegar a resultados diferentes y mejores. Contra
el terrorismo, medidas policiales y de cooperación internacional, pero anteponiendo la voluntad de entendimiento a los intereses económicos, buscando la parte de razón de cualquier adversario y respetándola, arbitrando allá donde sea posible, renunciando a la fuerza bruta, desmilitarizando las ideas y las conciencias, pensando desde una lógica distinta ...
¿Difícil?
Mucho. No quiero negarlo. Siempre lo han sido los grandes retos humanos. Pero si lo que nos preocupa de verdad son la convivencia pacífica y el progreso humano, éste es el camino y no hay otro. Los ejércitos y la fuerza nos han llevado hasta ahora a una mezcla de mundo verde caqui del barro y rojo de la sangre derramada. ¿Queremos más y por mucho tiempo, de sangre y de prejuicios?
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jueves, 27 de noviembre de 2014
¡Eso es solidaridad, sí señora!
La primera semana de diciembre entrarán en el Parlament de Catalunya
los presupuestos de la Generalitat para el año 2015, que presentan un dato vergonzante y curioso: destinan poco más de 1 € por habitante a las
políticas de fomento de paz, promoción de los derechos humanos y cooperación
internacional al desarrollo que gestionará la Agencia catalana de
cooperación (ACCD). Sí, has leído bien, un euro por habitante en todo el año.
Para podernos dar cuenta de la ridiculez de esta cifra sólo hay que compararla con alguna otra: Previsiblemente las cifras para el Ministerio de Defensa español 2015 supondrán para cada catalán unos 196 €, la indemnización por el fallido "proyecto Castor" supondrá la aportación de 29 € por ciudadano y el rescate a los bancos españoles ha supuesto ya la contribución inicial -directa y obligada- de 2.219 € per cápita.
Todavía más. Mientras el gobierno catalán habla de destinar 8,5 M€ en 2015 a la cooperación al desarrollo a través de la Agencia responsable, el presupuesto 2013 de Médicos Sin Fronteras fue de 116 M€, el de Oxfam Intermón de 82,9 M€ y el de Educo de 32,5 M€, por citar solamente organizaciones de cooperación con sede central en Cataluña y con una mayoría de fondos provenientes de donaciones privadas. ¿Eso es hacer política pública de país?
Hace pocas semanas pude visitar un proyectpo de fomento de trabajo estable de mujeres y jóvenes, en el cultivo y comercialización de cacao orgánico en el norte del Perú, en una zona de fuerte migración hacia España cuya población está retornando a su país lo quiera o no. El proyecto ocupa ya a 1.800 famílias rurales de un territorio tan extenso como la comarca del Ripollés, y tiene una alta capacidad de multiplicarse si podemos seguir dando apoyo a las organizaciones locales durante algunos años más. ¿Podremos?
Como este proyecto, he visitado los de otras comunidades en Ecuador y Bolivia, donde ciertamente no necesitan nuestras ideas y discursos, sino nuestro apoyo y nuestra complicidad para tejer una gran red de ciudadanía que se preocupe por los problemas globales, cuando son nuestros o cuando están lejos de casa. La lucha contra las desigualdades, ahora más que en cualquier otra época, no conoce fronteras y ocupa a muchísimas personas de aquí y de allá.
Por ellas, pero sobretodo por nuestra dignidad col·lectiva, reclamamos que la discusión en el Parlament de los presupuestos 2015 incluya una enmienda imprescindible: duplicar la cantidad destinada a cooperación al desarrollo para reducir nuestra vergüenza a la mitad.
Para podernos dar cuenta de la ridiculez de esta cifra sólo hay que compararla con alguna otra: Previsiblemente las cifras para el Ministerio de Defensa español 2015 supondrán para cada catalán unos 196 €, la indemnización por el fallido "proyecto Castor" supondrá la aportación de 29 € por ciudadano y el rescate a los bancos españoles ha supuesto ya la contribución inicial -directa y obligada- de 2.219 € per cápita.
Todavía más. Mientras el gobierno catalán habla de destinar 8,5 M€ en 2015 a la cooperación al desarrollo a través de la Agencia responsable, el presupuesto 2013 de Médicos Sin Fronteras fue de 116 M€, el de Oxfam Intermón de 82,9 M€ y el de Educo de 32,5 M€, por citar solamente organizaciones de cooperación con sede central en Cataluña y con una mayoría de fondos provenientes de donaciones privadas. ¿Eso es hacer política pública de país?
Hace pocas semanas pude visitar un proyectpo de fomento de trabajo estable de mujeres y jóvenes, en el cultivo y comercialización de cacao orgánico en el norte del Perú, en una zona de fuerte migración hacia España cuya población está retornando a su país lo quiera o no. El proyecto ocupa ya a 1.800 famílias rurales de un territorio tan extenso como la comarca del Ripollés, y tiene una alta capacidad de multiplicarse si podemos seguir dando apoyo a las organizaciones locales durante algunos años más. ¿Podremos?
Como este proyecto, he visitado los de otras comunidades en Ecuador y Bolivia, donde ciertamente no necesitan nuestras ideas y discursos, sino nuestro apoyo y nuestra complicidad para tejer una gran red de ciudadanía que se preocupe por los problemas globales, cuando son nuestros o cuando están lejos de casa. La lucha contra las desigualdades, ahora más que en cualquier otra época, no conoce fronteras y ocupa a muchísimas personas de aquí y de allá.
Por ellas, pero sobretodo por nuestra dignidad col·lectiva, reclamamos que la discusión en el Parlament de los presupuestos 2015 incluya una enmienda imprescindible: duplicar la cantidad destinada a cooperación al desarrollo para reducir nuestra vergüenza a la mitad.
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