Algunas preguntas a un Estado imposible

Un verdadero Estado autonómico (o quasifederal, como le gusta decir al centroizquierda español) no derivaría en treinta años en el estado de derecho actual -ejecutivo centralizador, legislativo bipartidista para los temas de Estado, poder judicial politizado- ni abordaría la mal llamada "reforma de las administraciones públicas " como si se tratara de un Estado nación.

¿Por qué la reforma de la Administración no aborda la supresión de Ministerios con todas las competencias transferidas como Educación, Sanidad o Cultura? ¿Por qué seguiremos pagando más de 5.000 funcionarios en el Ministerio de Agricultura, con el 90% de funciones transferidas?

¿Por qué se esconde una cuestión política tras una pretendida reforma técnica y administrativa? ¿Has leído, lector, las razones de "falta de tradición" que han servido para suprimir la Defensoría del Pueblo de Castilla la Mancha, cuando las mismas razones servirían para suprimir la propia autonomía?

¿Por qué coincide esta reforma con la obsesiva y empozoñada laminación de la lengua catalana/valenciana/Lapao y no se lamina el castellano (única lengua digna de llamarse española) diferenciándolo del uruguayo, el argentino o el andaluz?

¿Por qué se siguen estrenando líneas radiales de AVE y el presidente del gobierno español tiene la desfachatez de inaugurarla como una nueva "arteria de riqueza", cuando en dos días comenzará a ser deficitaria y la pagaremos entre todas?

¿Por qué lo único que recibimos los millones de catalanes y catalanas que queremos marcharnos ya de este Estado son amenazas y exabruptos? ¿Se imaginan lo que diríamos si alguien le dice a su pareja "cariño, lo nuestro no funciona" y recibiera sólo amenazas y gruñidos?. Yo le llamaría maltratador.

¿Por qué no hay más ciudadanos y ciudadanas españoles que presionen para que podamos ejercer el derecho a decidir nuestro futuro?

Por un "Estado de paz"

                         La posibilidad de la constitución de un estado propio moviliza sectores muy diversos de la sociedad catalana. Las múltiples dinámicas generadas, empáticas o críticas hacia el propósito constituyente, indican su verosimilitud. También el sector de la cultura de la paz, comprometido en la implantación progresiva de una cultura orientada por los principios de la cooperación y de la noviolencia, se sabe emplazado a tomar postura en este necesario ejercicio de prospectiva. Resultaría inexplicable que un sector que está trabajando eficazmente,  desde hace muchos años, por la movilización de la sociedad, civil y oficial, a favor de los valores de la cultura de la paz, no promoviera en este momento un debate público sobre el modelo de seguridad del nuevo estado. Un debate en el que participamos propositivamente.

                          Con esta finalidad se ha constituido un grupo estable de trabajo, Estado de Paz, en el que participamos, sin detentar representación alguna, un buen número de personas vinculadas a diversas entidades pacifistas. El primer objetivo del grupo, un seminario, se concreta en la redacción del documento Modelo de seguridad para un estado propio del siglo XXI, que es una propuesta que partiendo de la hipótesis de un estado catalán, se dirige a la ciudadanía en general y de modo especial a quienes deberán tomar decisiones. En el grupo, heterogéneo por lo que se refiere a ideología y posicionamiento político de los participantes, hay un sólido acuerdo sobre tres puntos:

Primero. Valoración de la seguridad como una necesidad de primer orden;

Segundo.Visión respecto a la seguridad, inspirada en el concepto de seguridad humana;

Tercero. Adhesión a los principios de la noviolencia. 

Aunque la reflexión viene propiciada por una dinámica local, no dudamos que puede ser útil en otros contextos distintos del de la sociedad catalana de hoy. Nuestra reflexión se produce en un escenario muy concreto pero forma parte de una elaboración conceptual en curso, a nivel planetario, que apunta a cambios muy profundos en el concepto de seguridad.

              No son los estados los que requieren seguridad frente a otros estados, aunque ese sea el núcleo duro del concepto de defensa; son las personas quienes necesitan y exigen seguridad. Una sociedad democrática debe responder a esa exigencia con una visión de gran amplitud y profundidad y con una autoexigencia de máxima eficacia. Los ciudadanos “...aspiran a los derechos humanos básicos que garantizan una existencia tranquila y digna, libre de la necesidad y del miedo” (Aung Sang Suu Kyi)  y la única razón de ser del estado es la de ser instrumento de esta aspiración. Pero éste no es el resultado obtenido por la acción de centenares de ejércitos, de todos los colores y culturas, que han sembrado la historia humana de muerte, dolor, destrucción y miseria. Seguridad humana es que el estado proteja a las personas; defensa comporta el sacrificio de vidas humanas por la seguridad del estado. Es evidente que no queremos ningún otro ejército y menos todavía si ha de ser nuestro.

             Esta visión de la seguridad centrada en el objetivo de liberar a las personas de las necesidades y del miedo es la idea central de nuestra propuesta Modelo de seguridad para un estado propio del siglo XXI que daremos a conocer el próximo mes de septiembre.  

Si Cataluña llega a ser un nuevo estado no ha de  querer ser el último de los viejos estados construidos sobre cimientos obsoletos de soberanía irrestringible, de irresponsabilidad hacia el exterior y hacia el medio ambiente, de afán de dominio, de aceptación de la fuerza como argumento decisivo.  

Si Cataluña llega a ser un nuevo estado no puede dotarse miméticamente de estructuras e instituciones anacrónicas que solamente la inercia mantiene a penas en pie en estados envejecidos.  

Si Cataluña llega a ser un nuevo estado ha de fundamentarse explícitamente en los valores que apuestan por un desarrollo humano atento a todas las dimensiones personales, debe crear estructuras e instituciones, si es preciso audazmente innovadoras, que lo hagan posible y debe aceptar que, precisamente por ser un estado nuevo y de pequeñas dimensiones, más libre que otros de inercias históricas, tiene la responsabilidad de orientarse y de orientar hacia un futuro más humano.

Jordi Armadans, Alfons Banda, Núria Breu, Pepe Beunza, Joan Contijoch, Lluís Fenollosa, Rafael Grasa, Jose Luís Gordillo, Jaume Llansó, Xavier Masllorens, Martí Olivella, Pere Ortega, Alvar Roda, Jordi Urgell, Fèlix Saltor, Gabriela Serra, Lluís Sobrevia y Eduard Vinyamata.

Cataluña: 22 argumentos en favor de un nuevo estado social y democrático

Principios

1. - Cataluña es una nación porque su ciudadanía así lo considera, muy mayoritariamente. Aunque esta afirmación pueda resultar obvia por motivos históricos, lingüísticos, culturales, sociales, políticos y económicos, la negación de este presupuesto por parte del Estado español es la raíz del desencaje de Cataluña con España.

Ni siquiera la construcción del Estado de las autonomías, en 1977, permitió la unión de naciones diferenciadas. La "indisoluble unidad de la Nación Española" y la definición de España como "la patria común e indivisible de todos los españoles" del artículo 2 de la vigente Constitución española introducen en el texto dos conceptos-como señala el historiador Borja de Riquer-esencialistas pero escasamente democráticos.

2. - La nación catalana es sujeto de soberanía.

La soberanía es un concepto dinámico, que tiene en cuenta diversos aspectos como la identidad de un grupo humano, su historia, el territorio que ocupa, la economía o la relación con los grupos vecinos.

El concepto de soberanía está asociado a la existencia de ciudadanos libres que forman parte de un grupo determinado. Esta es la base del proceso que vive ahora mismo Cataluña, pero hoy por hoy no hay ninguna posibilidad de mantener un diálogo racional, político o científico sobre esta cuestión capital con unos interlocutores-los representantes del estado español- que sostienen que no hay más identidad que la suya.

 La fuente legitimadora de la soberanía española (según la Constitución de 1978) es el principio según el cual los ciudadanos de este Estado conforman una sola nación. Esto impide la aceptación de la existencia de colectivos de ciudadanos que puedan sentir otra identidad nacional. La unión inseparable y eterna del individuo con "su" nación hace que la identidad nacional no sea una adquisición voluntaria sino un destino inexorable.

        El político conservador Antonio Cánovas del Castillo, en 1881, ya proclamó que "España es una obra de Dios, o de la naturaleza", en respuesta a las tesis federalistas de Francisco Pi y Margall.

        Antonio Maura, en 1918, considera incomprensible y antinatural otra identidad que no sea la española y afirma contundente "No se elige la madre, ni los hermanos, ni la casa paterna, ni la patria en que se nace". Más tarde, el falangista Raimundo Fernández Cuesta proclama en1939 que "la existencia de la nación española está por encima de opiniones, argumentos, votaciones y plebiscitos".

         La afirmación del general Juan Antonio Chicharro, en febrero de 2013, "la Patria vale más que la democracia" sigue en esta línea metafísica que no contrapone la unidad de España a la secesión (ambas opciones perfectamente defendibles democráticamente) sino que proclama un principio indisoluble y anula la posibilidad de discutirlo.

A pesar de todo este imaginario, la identidad catalana se mantiene con claridad, contraponiendo diariamente argumentos y vivencias a los principios indemostrables que vienen a decir que "el pueblo es aquel que la Constitución dice que es el pueblo". Esta identidad propia es la fuente legitimadora de la soberanía del pueblo de Cataluña.

3. - Cataluña quiere un estado propio para desarrollarse según su propio criterio, no para oponerse a nada ni a nadie. El proceso actual no se hace contra nadie, aunque ciertamente no es indoloro ni inocuo.

El estado propio sólo es un instrumento -no es en ningún caso un objetivo en sí mismo- para lograr el mayor progreso, bienestar y justicia social posibles, que constituyen la finalidad de cualquier estado democrático de derecho. El problema de Cataluña para desarrollarse es que no tiene -ni ha tenido en trescientos años- un Estado amigo que la respete tal como es, procurando su progreso y buscando lo que es mejor para ella, que hubiera sido también lo mejor para el conjunto de ese Estado.

Por ello inicia un proceso de emancipación nacional, irreversible, que sólo tendrá pleno sentido si asegura su orientación social y radicalmente democrática, para configurar un Estado que supere las limitaciones democráticas de los estados del siglo XX.

Legitimidad histórica

4. - Cataluña ya ha sido una nación independiente.

La nación catalana nació en el año 988, cuando el conde de Barcelona Borrell II no renovó el juramento de fidelidad al rey franco, deshaciendo el vasallaje y ratificando así la independencia de los condados catalanes, que hacía años que eran autónomos. El "Forum Iudicum", del siglo XII, contemporáneo de las "Homilías de Organyà", es el primer tratado de leyes catalanas que se conserva.

La unión dinástica de Ramón Berenguer IV con Petronila de Aragón, en 1162, conformó la Corona de Aragón, organizada como una federación de estados medievales que respetaba las singularidades de cada territorio (Cortes, Generalitat y Constituciones) y coordinaba la política exterior hasta el año 1479. Esto quiere decir que Cataluña fue un estado independiente durante 174 años y federado con la Corona de Aragón durante otros 317 años.

5. - Con los Reyes Católicos no nació la nación española.

Aquellos príncipes se casaron en secreto en 1469 y accedieron a los respectivos tronos Isabel en 1474 y Fernando en 1479. Ambas coronas conservaron las leyes e instituciones propias; los escudos estaban juntos pero no unidos.

Al morir Isabel, en 1516, Fernando renuncia a Castilla en favor de su hija Juana para evitar un conflicto armado. Esto supuso la unión de las dos coronas en una sola persona, pero manteniendo diferenciadas las Cortes, instituciones políticas, administración pública, lenguas y moneda.

La identidad catalana se mantuvo y en 1640 estalla la Guerra de los Segadores, en la que Pau Claris proclama la República independiente de Cataluña (1641), que fue sofocada y anulada en pocos meses.

6. - España, en su dimensión actual, fue el resultado del "derecho de conquista", no de la voluntad de sus ciudadanos.

Un mapa oficial de 1854 diferenciaba todavía entre la España "plenamente constitucional", la España foral (País Vasco y Navarra), la España "asimilada" (correspondiente a la antigua Corona de Aragón) y la España colonial, después desaparecida.

La "nación española 'que conocemos –de matriz totalmente castellana- nació con Felipe V, en 1716, cuando se unifica la organización política después de vencer en la Guerra de Sucesión. El rey, aludiendo al "derecho de conquista", abolió los fueros y quitó a Cataluña el control económico, fiscal, judicial, aduanero y monetario propios, así como su capacidad legislativa.

         ¿Por qué no se explican todos estos hechos comprobables en los libros escolares de Historia de España? Quizás la "lección magistral" de Esperanza Aguirre-cuando era presidenta de la Comunidad de Madrid- nos da una respuesta: "España es una gran Nación con 3.000 años de historia (es decir, de cuando el rey Salomón) y eso se todo lo que tienen que saber los niños ".

7. - Algunos datos que conviene recordar

• La bandera catalana de las cuatro barras es del año 1050. La bandera española de tres franjas horizontales (dos rojas y una amarilla central) es de 1785.

• Las cortes catalanas se reunieron por primera vez en 1192, las españolas en 1834.

• El primer "presidente" catalán es de 1359, el primer presidente de gobierno español es de 1823.

• La primera Constitución catalana es de 1283. La primera Constitución española (llamada "la Pepa") es de 1812.

Legitimidad democrática

8. - La validez de las leyes no les otorga automáticamente legitimidad.

Ninguna Constitución reconoce el derecho a la independencia y más de 120 naciones se han independizado los últimos 70 años. Por tanto, todos los nuevos estados de Europa y muchos otros estados del mundo han violado la Constitución y las leyes para ser un estado. En Sudáfrica, por ejemplo, pedir la igualdad de derechos entre blancos y negros era inconstitucional ... durante muchos años!

Las leyes no siempre se ajustan al bien común o a la realidad cambiante y por ello se modifican. El sufragio universal, la igualdad racial, la prohibición de las minas antipersona o los referéndums vinculantes nunca hubieran sido posibles sin movimientos ciudadanos que consiguen cambios legislativos y mejoras históricas.

En último caso, la insumisión pacífica y no violenta a una ley considerada injusta es un imperativo ético de carácter personal o colectivo que no se puede despreciar.

9. - La legitimidad democrática debe prevalecer sobre la legitimidad de las leyes.

Las leyes no se pueden sacralizar, o al menos no se pueden sacralizar más que la evolución de la voluntad de los pueblos.

Las tensiones entre derechos, democracia y territorios -según el profesor Ferran Requejo- forman parte del debate entre legalidad y democracia (Habermas, Michelman) y de la protección de los derechos colectivos en democracias plurinacionales (Taylor, Walzer). Las posibles soluciones a estas tensiones deben ser pragmáticas y de carácter particular, no hay una norma universal.

En una democracia del siglo XXI no resulta legítimo obligar a los ciudadanos de una colectividad nacional a quedarse dentro de un estado en contra de la voluntad de la mayoría.

El conflicto entre Cataluña y España no es, pues, básicamente un problema jurídico (no hay ninguna norma que permita una consulta popular vinculante ni el posible tránsito a la independencia) sino un problema político. El estado español debe decidir si él mismo es una Constitución o una democracia.

10. - El detonante del conflicto actual Cataluña-España ha sido la quiebra del Estatuto de Autonomía de 2006.

La sentencia del Tribunal Constitucional del 28 de junio de 2010, declarando inconstitucionales bastantes artículos del Estatuto de Autonomía de Cataluña votado en referéndum y previamente "cepillado" en el Congreso, dinamitó el estado de las autonomías y su credibilidad en Cataluña. Los argumentos en que se fundamenta la sentencia le dan legalidad, pero no tienen legitimidad para ordenar la convivencia en el interior de Cataluña y las relaciones entre Cataluña y España, simplemente porque sus destinatarios no quieren.

Si la Constitución sólo admite el ejercicio del derecho de autonomía en los términos fijados por la sentencia del Tribunal Constitucional, la ciudadanía de Cataluña no puede considerar la Constitución como suya, y así lo ha dicho en dos elecciones consecutivas, con un mensaje cada vez más rotundo. Jurídicamente es un problema difícil de plantear, pero políticamente es un problema de resolución imprescindible.

Legislación internacional

11. - El Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, en sentencia del 22 de julio de 2010 dice que "No existe en derecho internacional ninguna norma que prohíba las declaraciones democráticas de independencia. Y no existe ninguna norma que prohíba a la ciudadanía, cuando exista contradicción entre la legalidad constitucional y la voluntad democráticamente expresada, hacer prevalecer esta segunda ".

En una sentencia sobre Kosovo, el mismo Tribunal exponía que, en caso de que se agotaran otras vías de entendimiento y los actores políticos legítimos proclamaran de forma no violenta una declaración de independencia, no se podría oponer ningún obstáculo legal internacional .

12. - El Tribunal Supremo de Canadá, poco antes del referéndum soberanista de Quebec de 1995, dictó que la Constitución no puede constreñir la voluntad popular libremente expresada, ya que "un voto mayoritario en Quebec sobre una pregunta clara a favor de la secesión de la provincia conferiría una legitimidad democrática a la iniciativa de secesión que todos los demás participantes en la federación deberían reconocer ".

Canadá y su orden constitucional no podrían ser indiferentes a una expresión clara de una mayoría de los quebequenses. Igualmente, Quebec no podría pretender dictar las condiciones de la secesión. Por tanto, la votación debería ir seguida de negociaciones relativas al posible acto de secesión, así como de sus condiciones, "acuerdos políticos sin conclusiones predeterminadas por las leyes". Sigue diciendo el Tribunal que "si una de las dos partes se negara a negociar de buena fe, no se excluye la posibilidad de una declaración inconstitucional de secesión de facto". En este caso su éxito dependería del reconocimiento de la comunidad internacional.

El derecho a decidir

13. - Cambiar la Constitución española no es el primer paso para poder ejercer el derecho a decidir. Sería conveniente, pero no necesario.

En España se argumenta que para poder hacer un referéndum sobre el futuro de Cataluña primero habría que cambiar la Constitución, pero esto no es así por dos motivos: porque se confunde el hecho de preguntar en sí mismo -el derecho a decidir- con las posibles consecuencias de su resultado -la secesión- (si el resultado es negativo no habría que hacer nada), y también porque no se pueden esgrimir como impedimento unas normas que sólo una de las partes puede cambiar, máxime si esa parte ya ha expresado que no está dispuesta a cambiar en ningún caso .

Es obvio que hay un choque de legitimidades en juego, pero así como en la "Ley de la Reforma Política" de 1977 se transgredieron las normas de juego franquistas sin decirlo claramente, ahora hay que encontrar una solución para hacer prevalecer el principio más democrático, que es la consulta a la ciudadanía que así lo ha pedido.

14. - La voluntad ciudadana debe poder expresar democráticamente.

Más allá de la trayectoria histórica que explica la existencia de una voluntad de ser pueblo y nación, así como los lazos culturales y lingüísticos de una comunidad con otros territorios, es la voluntad popular la que legitima en último caso cualquier identidad nacional.

La población de Cataluña ha expresado ya con claridad dos veces su voluntad mayoritaria, desde la "ruptura" de la Transición con la sentencia del Tribunal Constitucional de junio de 2010.

El movimiento democrático que quiere construir un nuevo estado que resuelva -a juicio de quien lo considera- la relación desigual entre Cataluña y España, basada en la dominación y en la imposición, es absolutamente legítimo si esta opción garantiza los derechos democráticos y sociales fundamentales. Incluso el de elegir la propia identidad sin menoscabar los derechos de ciudadanía para quienes no la sientan como propia.

En esa tesitura, sólo la expresión libre de la ciudadanía dará a conocer el apoyo efectivo de esta opción de nueva organización política. Cualquier persona o colectivo que defienda la radicalidad democrática debe estar de acuerdo en que un problema político hay resolverlo con la herramienta política más potente: la consulta a la ciudadanía.

15. - Quien incumple las leyes no puede negar la democracia. Quien incumple el Estatuto no puede negar la consulta ... ni invocar la Constitución cuando le interesa, sin cumplir todas las Leyes fundamentales, como los Estatutos de Autonomía.

Desde la entrada en vigor del Estatuto de Cataluña de 2006 sólo ha habido tres reuniones de la comisión bilateral que debe desplegar y hacer los traspasos de competencias. La última reunión es de julio de 2011, el total de traspasos hechos es de 7 y hay, al menos, 29 traspasos pendientes. De estos traspasos hechos algunos están incompletos (por ejemplo se ha traspasado la gestión de la red de los trenes de cercanías, pero sin el traspaso de los trenes, las vías y las estaciones). También se ha prometido el pago de la deuda contemplado en la disposición adicional tercera del Estatuto (sólo el primer año, 759 millones) que ni siquiera se ha reconocido posteriormente.

Pero esto no es nuevo en las relaciones Generalitat-Estado. Desde la aprobación de la LOAPA en plena transición política (primer gobierno de Felipe González 1982-86), que significó la muerte del espíritu inicial del estado de las autonomías, el Estado ha sido siempre receloso en la distribución de competencias, con incumplimientos reiterados de Leyes Orgánicas (Los Estatutos de Autonomía) y de los compromisos adquiridos, manteniendo para él funciones duplicadas –hecho muy grave y poco divulgado- y con continuadas demandas al Tribunal Constitucional.

Identidad y lengua

16. - El estado español no acepta de buen grado la diversidad lingüística.

La organización lingüística española sólo ha trabajado, desde siempre, el castellano, fruto de la herencia de confusión entre España y Castilla, manteniendo una política asimilacionista: estructuración de los cuerpos de seguridad del Estado alérgica a la diversidad lingüística, regulación de los mercados que dificulta el uso de las lenguas que no sean el castellano, mundo judicial absolutamente castellanizado, legislación audiovisual lingüísticamente homogeneizadora, acción exterior del Estado como si éste tuviera sólo una lengua, ... (F.Xavier Vila).

Esto no es lo que ha pasado y pasa, por ejemplo, en Canadá -donde el Estado promueve el uso del inglés y el francés en todo el país-, en Bélgica -estado unitario plurilingüístico- o en Gran Bretaña. Está claro que para los representantes de España ... ¡ninguno de estos países son nuestro caso!

Seis millones de personas hablamos habitualmente catalán en España. El catalán es la 22 ª lengua más traducida en el mundo y se puede estudiar en 114 universidades de todo el mundo (¿cuántas de éstas en España, fuera de Cataluña?). Pese a estos datos, el catalán no es lengua oficial de estado en Europa. El gaélico, con 77.000 hablantes sí lo es porque su Estado lo considera un patrimonio cultural y un activo del país.

17. - La imposición del castellano y el menosprecio del catalán no son una invención interesada, sino una realidad contrastada durante siglos.

La expresión "habla en cristiano", escuchada repetidamente durante la dictadura franquista, no era producto de una cierta incultura sino de una cultura uniformizadora muy arraigada. Históricamente la diversidad lingüística de España ha molestado mucho a las élites políticas, económicas y culturales de cuño castellano durante los últimos trescientos años. La han vivido como un estorbo más que como una riqueza.

La aproximación del Estado, que tiene raíces imperiales y jacobinas, a la realidad pluricultural y plurilingüística ha estado siempre mucho más cercana a la multiculturalidad -permitiendo las otras lenguas en un régimen de desigualdad y subordinación- que a una verdadera interculturalidad, enriquecimiento mutuo y mestizaje cultural.

Algunos botones de muestra son el Edicto Real de 1837, que imponía castigos a los niños que hablaran catalán en la escuela, o bien la prohibición de poner telegramas y de hablar en catalán por teléfono (Orden de Correos y Telégrafos, de 1896), la "Orden del Ministerio de Educación Nacional" de 1939, prohibiendo el uso público del catalán o incluso la Constitución de 1978, nada equitativa en cuestiones lingüísticas en los territorios con lengua propia, cuestión que provoca conflictos continuos, algunos de ellos creados por un Estado que no traga esa diversidad más allá del folclore.

Razones económicas

18. - El déficit fiscal de Cataluña con España no es ni razonable ni comparativo con ninguna otra situación en estados democráticos.

En cifras redondas podemos decir que en los últimos tres años en Cataluña se han recaudado anualmente unos 32.000 millones de euros, de los que retornan en forma de inversiones, transferencias y otros unos 19.000 millones.

Cataluña es el territorio donde el Estado invierte menos por habitante, de forma continuada. El stock de capital público es un 27% menor que la media estatal (según el economista Carlos Boix). Aunque la población catalana supone más del 16% de la española, el gasto público en Cataluña -una vez descontadas las transferencias directas en pensiones y subsidios de paro- supone un 11,2% de toda la del Estado, convirtiéndola en la penúltima comunidad en gasto per cápita en educación y sanidad.

Mientras la inversión en políticas sociales representa para el conjunto de España un 25,3% del PIB (datos de 2010), en Cataluña esta cifra supone sólo el 21,4% del PIB.

19. - El empobrecimiento gradual de Cataluña no beneficia a un enriquecimiento eficiente del conjunto del Estado.

La falta continuada de inversiones y de transferencias por habitante en Cataluña ayudan a explicar por qué el PIB catalán era un 18% más alto que el español en 1995 y sólo un 8% más alto en el año 2010, sólo quince años después. Comparado con el régimen fiscal del País Vasco los datos son elocuentes: en 1995 el PIB catalán era un 4% más alto que el PIB del País Vasco y quince años después era un 16% más bajo. Mientras Euskadi ha podido proveerse de los bienes públicos esenciales para ser competitivo en un mundo globalizado, Cataluña no lo ha podido hacer, en detrimento de su crecimiento pero también del crecimiento del conjunto del Estado.

20. - No se conoce ningún país -salvo España- donde se haya promovido el boicot a productos de una comunidad del propio país.

Resulta inaudito, y también insultante, que en estos años de crisis económica aguda el resto de España haya hecho (de manera pública o no pública) boicot a algunos productos catalanes, como el cava, haciendo caer el consumo interno en unas cantidades que sólo el incremento de la exportación ha podido ir compensando.

Resulta inaudito, y también significativo, que en círculos económicos madrileños se prefiera que una multinacional externa compre una empresa española a que lo haga una empresa catalana, o que se haga un pedido importante de un alimento a una empresa externa a un precio superior al que se podría conseguir en Cataluña. O que un mando militar se niegue a surtir un cuartel de agua embotellada catalana (que en realidad es de capital francés). Este comportamiento sigue el patrón que ha habido, durante siglos, de una España "plenamente constitucional" (como decía un mapa de 1854) y otra "España asimilada" que siempre parece impura, siempre debe justificarse o demostrar algo para poder ser quien es ...

Y, especialmente, resulta inaudito que quien tiene responsabilidades de Estado no haya frenado todo esto de forma inmediata, haya actuado con miedo o ... quizá con mala fe.

Fundamentos de un Estado social

21. - Queremos un Estado digno de serlo.

Un nuevo estado del siglo XXI debe tener un compromiso de radicalidad democrática, y no únicamente las estructuras de estado habituales en las organizaciones creadas en los siglos anteriores. Este compromiso de toda la sociedad catalana debe fundamentarse, al menos, en:

• Una fórmula de representación directa y cercana de la ciudadanía con sus representantes parlamentarios

• La consulta a la ciudadanía en aquellos temas importantes que afecten a la organización social y la definición de políticas de Estado

• La participación de las organizaciones de la sociedad civil en el diseño, seguimiento y evaluación de políticas públicas

• La denuncia de los paraísos fiscales y el refuerzo de normas y controles para la lucha contra el fraude y el blanqueo de dinero

• El trabajo por una cultura de paz y una política de "defensa" basada en los principios de seguridad humana. Un estado sin ejército y con un servicio civil de paz noviolento. Un país que destina el 'dividendo de paz' ​​resultante a la cooperación internacional ya mantener una política de seguridad compartida con toda la ciudadanía.

22. - Queremos un Estado en diálogo con nuestros vecinos.

Después de trescientos años de unión por la fuerza y ​​en un contexto de conflicto grave con España, toca hablar de cómo organizamos el futuro. De cómo encontramos una salida democrática a un conflicto permanente.

Después de tanto tiempo en que unos hablan de victimismo donde otros ven maltrato, de sentir menosprecio donde otros no ven más que homogeneidad, y del deseo cada vez más extendido en Cataluña de ser mejores vecinos de lo que hemos estado mucho tiempo, parientes mediocres, se debe afrontar la realidad.

Hemos probado estos años un modelo democrático de convivencia, que ha cristalizado en un "café para todos" sin poder opinar sobre quién se quedaba el pollo   -el estado español- (mosén Ballarín dixit), y, claro, no ha funcionado. Ahora toca hablar y negociar, con realismo, las bases de esta nueva vecindad, de dos naciones que        -federadas, confederadas o miembros de una Unión-, ahora sí en plano de igualdad, quieren ir de la mano para construir una Europa más democrática y un mundo más fraterno.

Xavier Masllorens (xavier@masllorens.cat)

Abril de 2013

Armas ligeras, armas mortales

El próximo lunes, 18 de marzo de 2013, comienza en Nueva York otra ronda (¿la última oportunidad?) de la Conferencia Diplomática convocada para aprobar un Tratado que regule el comercio de armas. Representantes de todos los gobiernos se reunirán en la sede de Naciones Unidas, tras el fiasco de la Conferencia de julio de 2012 que acabó sin acuerdo.

Hace ya bastantes años que la campaña internacional "Armas bajo Control" alerta del peligro real de las armas ligeras, que provocan más de 500.000 muertes cada año en todo el mundo. La Campaña reclama que esta vez las negociaciones no descarrilen y que se acuerde un Tratado que ponga definitivamente el comercio de armas y municiones bajo control.

Resulta un absoluto e irresponsable contrasentido que los bienes de consumo -como la fruta, los electrodomésticos o la informática- tengan regulados su fabricación, comercio y trazabilidad, mientras la industria de la muerte sigue incontrolada.

Cada día millones de personas sufren las consecuencias directas e indirectas del comercio de armas: miles encuentyran la muerte, son heridas, violadas o forzadas a marchar de sus casas mientras muchas otras han de vivir bajo la amenaza constante de las armas. Armas peligrosas caen en manos equivocadas y como resuyltado personas nocentes ven como sus vidas quedan destrozadas.

Jordi Armadans, director de FundiPau, estará en Nueva York para participar en la Conferencia y presionar para conseguir un Tratado "robusto, que eleve los estándares internacionales", según sus propias palabras.

Empresas, también responsables de corrupción

Estas semanas estamos viviendo una auténtica avalancha de "descubrimientos" de corruptelas, corrupciones y personas corrompidas. Se habla a todas horas de políticos y políticas que se han dejado corromper a cambio de un favor, que han utilizado información privilegiada sin el menor sentido ético o que han legislado en favor de unos intereses particulares.

Pero se habla muy poco de quien les corrompe. Sólo salen, de vez en cuando, listas de empresas que han donado dinero, que han pagado favores inconfesables o que se han beneficiado de cambios de legislación.

Y sí, es verdad que quien se deja corromper obtiene un beneficio ilícito en provecho propio, cuando el principal cometido de la política es buscar el bien común, por encima de todo. Pero también hay que depurar responsabilidades en quien corrompe, el particular o la empresa que se beneficia de algo injusto e ilegal.

Por eso, propongo una medida ejemplar: que en el momento en que se demuestre que una empresa ha obtenido beneficios por medios ilícitos, el 51% de sus acciones (o del capital social, o de la propiedad si se trata de un particular) pase a manos públicas. De este modo, los beneficios que esos gestores empresariales vayan generando nos beneficiarán a todos, y los accionistas deberán cuidarse no sólo de cobrar dividendos sino también de supervisar el comportamiento ético de "su" empresa.

Cooperación y Defensa: Tres D y una C

La Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) parece cada vez menos relevante en el conjunto de la política exterior de los países donantes y esta tendencia -que se da tanto en Canadá como en España- va acompañada de una relación cada vez más estrecha entre ayuda, seguridad y comercio.

La Defensa, la Diplomacia y el Desarrollo (las tres D) van de la mano, por este orden de prioridad política y confiriendo a la AOD una sospechosa subordinación a los intereses nacionales de "la defensa" y de la diplomacia de los intereses empresariales. Pero eso no es todo, porque hay una segunda subordinación, la de esas tres D a las exigencias del mercado, a los intereses económicos, a la C de Comercio. No es casual que cada vez se hable menos de desarrollo y más de crecimiento.

De otro lado, la militarización creciente de la AOD, con intervenciones "humanitarias" y presencia cada vez mayor en estados frágiles con riquezas naturales (como Iraq, Afganistan, Mali o Zaire) está derivando en una "seguritización" de la Ayuda que justifica la tendencia a la concentración de las donaciones, cada vez más condicionadas a cláusulas comerciales y a "intereses nacionales", cada vez más difuminadas en la "lucha contra el terrorismo" y relacionada con la influencia regional que pretende tener el donante.

La AOD nunca ha estado exenta de intereses, que pueden considerarse legítimos. Pero hoy va camino de traspasar una línea roja que convertiría el desarrollo de los pueblos en nueva dependencia y la ayuda en caridad neocolonial. Las ONG tenemos un importante papel en la denuncia de esta situación, para evitarla y para cambiar las cosas.

Desarmar la palabra

Pretendo terminar el año con una reflexión personal y un propósito: desarmar la palabra, desarmar mi discurso de toda prepotencia, argumentos a medias, chantajes velados o verdades inamovibles. Desarmar la palabra y exigir desarmarla a quien tenga cerca o discuta conmigo.

Nos conviene desarmar la palabra. Dar valor al diálogo y a la reciprocidad de argumentos. Necesitamos defender una postura coherente desde la seguridad de que la otra parte -que no piensa como nosotros, que quizás está en las antípodas ideológicas- puede también defender la suya, estando dispuestos a que todos ganemos algo sin necesidad de renunciar a aquello que nos parece esencial de la postura propia.

Difícil arte que pide, de entrada, dos actitudes bien claras: la de renunciar a poseer toda la verdad, a que todos mis argumentos formen parte de una verdad esencial e indivisible, y la de escuchar los argumentos del otro, llegar a conocer lo que es esencial para él y hacer su discurso "divisible", de forma racional, para poder mantener un diálogo real.

Si por mi parte hago este difícil ejercicio de desarmar mis palabras de amenazas, chantajes, miedos y absolutismos, tendré el derecho -y el deber- de exigir esta misma actitud a la otra parte, aunque no la muestre al principio. La asertividad, la ayuda de un tercero que actúe de mediador o bien la mutua obligación de una escucha activa serán herramientas que desactivarán la fuerza destructiva del diálogo de sordos.

La palabra desarmada tiene una inmensa fuerza porque la pone toda en la razón. Y esta palabra sirve tanto para resolver un conflicto armado (como el que asola Siria), un conflicto entre pueblos (como el de la emancipación de Cataluña), un conflicto entre vecinos de barrio o enrtre dos personas.

Desarmar la palabra: una labor de paz que me empeño en construir a partir de ahora para poderlo exigir también a los demás. Una labor muy necesaria en los tiempos que corren.